Desde ningún punto de vista me considero una persona populista. Ni en el ámbito profesional, ni en el político ni en cualquier otro. Soy, en el campo del ejercicio de los oficios, un defensor radical de que las cosas se hagan como aconseja la ciencia, que se agoten los procedimientos debidos, aunque duela o disguste a quienes prefieren otras soluciones por motivos baladíes.

En la esfera de las políticas públicas con mayor razón, porque no actuar en función de lo que indica la corrección afecta a grandes mayorías. No apoyo lo simpático para captar adhesiones a sabiendas de que los resultados a corto, mediano o largo plazos serán devastadores.

Eso es una cosa, y otra distinta es no asumir las posiciones que se consideran legales, legítimas y justas, por temor a ser catalogado como populista. No comparto, por ejemplo, ante las diferencias académicas, que se discrepe de las consideraciones de los demás y se les descarte, bajo el único argumento de que se trata de una actitud populista. Esa aseveración debiera ser la última, después de exponer los motivos a partir de los cuales se defiende un argumento determinado.

Muchas veces, detrás del estigma de populista, atribuido con frecuencia sobre justificaciones infundadas, se escuda un comportamiento elitista y aristocrático, que se asume por considerar que se forma parte de un selecto grupo de iluminados, poseedores de la verdad absoluta, en oposición a una manada de descerebrados, imposibilitados de razonar con criterios mínimamente lógicos. Es cierto que no siempre la mayoría está en lo cierto, pero también es inadmisible denostar sus juicios desde el prisma nauseabundo de la arrogancia.

Eso, desde mi óptica, está ocurriendo desde el instante en que la nación tuvo conocimiento de la sentencia dictada en el caso de la muerte de la joven Emely Peguero. Las reacciones de los abogados han estado divididas, en contraposición a la actitud de repudio e indignación generalizada que ha mostrado la mayor parte de los habitantes del país.

Nadie provisto de un mínimo de raciocinio está postulando por procesos judiciales decididos en función de lo que reclama una población impactada por el grado de conmoción producido ante una específica infracción, pero resulta inaceptable que a quien disienta de la sentencia dictada se le estigmatice bajo el adjetivo de populista penal. ¿Acaso no es esa la calificación otorgada a todo el que reclama sanciones condignas ante evidentes e impunes actos de corrupción?