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Las autoridades dominicanas, de manera particular el Presidente de la república, pretendieron minimizar, respecto a nuestro país, la terrible crisis que acogota al mundo. Mientras economías incomparables con la nuestra en su solidez se resentían ante la avalancha, a nosotros se nos decía que éramos inmunes a sus efectos. El optimismo jamás puede estar sustentado sobre bases falsas, porque no hace más que revertirse contra los propósitos perseguidos.

Hoy, el ardid ha quedado descubierto. En un seminario internacional de una desproporción gigante entre su costo y sus resultados, se admite, sin el más mínimo espíritu de rectificación, no sólo que el descalabro es profundo y que va a golpearnos, sino que venía incubándose desde el final del año 2007.

¿Cómo es posible que un mandatario que tenía conciencia de la magnitud de lo que se avecinaba, haya propiciado tirar por la borda, con propósitos exclusivamente electoralistas, miles de millones de pesos? ¿Se protege el interés nacional al proceder de esa forma tan irresponsable? ¿Es para actuaciones como esas que la población elige a sus dirigentes?

Es cierto que la nación no disponía de los mecanismos para evadir en su totalidad las consecuencias perniciosas de una hecatombe mundial como la actual, pero no menos verdad es que la actitud asumida por nuestros gobernantes frente al fenómeno agrava la situación. En la actualidad estaríamos en mucho mejor circunstancia si desde aquel momento que se vislumbró lo que advendría, se hubiesen tomado las previsiones correspondientes para amortiguar sus efectos. Se hizo todo lo contrario.

Ahora estamos atrapados. El gobierno gastó mal cuando no debía y ahora que debe hacerlo bien, no puede. Esa es otra vertiente de la problemática, el gasto público no sólo es excesivo, sino que es de pésima calidad. Esas erogaciones horrorosas, con las cuales se ha comprometido el patrimonio público, impiden que se destine dinero en gastos que sí estarían justificados.

Parecería sencilla la solución: Eliminar el gasto no calificado y sustituirlo por uno de calidad. Incrementar el gasto social y eliminar el parasitario. Actuar de esa forma, en principio, tiene un costo político, porque implicaría incumplir con los compromisos contraídos a través de la corrosiva práctica del clientelismo y el transfuguismo político. De esa forma se torna inaplicable esa alternativa bajo los actuales esquemas.

No queda más que volver a recurrir al eterno círculo vicioso. El FMI, consciente de la realidad política de estos países y, en adición, sólo preocupado por recuperar los fondos que coloca sin importar los mecanismos de recaudación de los mismos, ha dado la primera señal: Propuso un nuevo ajuste fiscal.

Aquí todos sabemos lo que eso significa. Por más que lo desmientan, más temprano que tarde, los impuestos volverán a subir. El gobiero se niega a contemplar otra solución. Jamás transigirá hacia una posibilidad que pueda significar una disminución de sus ingresos. Eso no sería lo peor. La tragedia está en lo que se hace con esas sumas fabulosas de dinero. Un Estado boyante, que despega velas sobre la miseria de un pueblo digno de navegar hacia mejores puertos.

yermenosanchez@codetel.net.do