¡Ultimátum!
El incumplimiento con el mandato de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, incluso tras suscribirse un saludable pacto sobre compromiso ético y con la transparencia, ha llevado al mandatario, que simplemente debió aplicar la ley, a amenazar con suspender a los funcionarios que en un plazo de 15 días no hayan presentado ante la Cámara de Cuentas el inventario de su patrimonio. Y a cancelarlos si no lo hacen en un mes.
