Opinión Editorial

¡Ultimátum!

¡Ultimátum!

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña no tuvieron inconveniente alguno en presentar sus declaraciones juradas de bienes en el plazo que establece la ley. Aunque se tratara de una obligación, las dos principales autoridades ofrecieron un buen ejemplo de respeto y subordinación a las normas que los demás funcionarios deberían imitar en aras de la autoridad moral y legal que necesitan para amparar sus atribuciones.

El incumplimiento con el mandato de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, incluso tras suscribirse un saludable pacto sobre compromiso ético y con la transparencia, ha llevado al mandatario, que simplemente debió aplicar la ley, a amenazar con suspender a los funcionarios que en un plazo de 15 días no hayan presentado ante la Cámara de Cuentas el inventario de su patrimonio. Y a cancelarlos si no lo hacen en un mes.

Sobre una demora que se ha tornado hasta suspicaz no hay alegato que valga. Todo el que es designado en una función pública tiene que conocer las obligaciones y el alcance de las leyes y normas en torno a las cuales se rige.

En la declaración de bienes hay un detalle que tendrá que tomarse muy en cuenta. A diferencia del pasado, cuando los funcionarios presentaban un patrimonio sobreestimado o subestimado, o decían lo que mejor les parecía, ahora tendrán que prepararse para demostrar el inventario, siempre, por supuesto, que la Cámara de Cuentas cumpla con sus atribuciones.

El turno corresponde ahora a los funcionarios entrantes. Pero los salientes tienen también, según el artículo 5 de la ley 311-14, la misma obligación. Los servidores públicos están obligados a declarar sus bienes un mes después de su designación y 30 días luego de cesar en sus cargos.

Tras el ultimátum del Presidente a los funcionarios el morbo se excitará sobre los bienes declarados. Si antes el patrimonio podía pasarse por alto, con la actitud se ha dado pie a que se hurgue sobre la procedencia de los montos cuando se entienda que no se corresponden con las actividades ordinarias de los declarantes.

El Nacional

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