Tres exministros del Gobierno de Danilo Medina figuran en el expediente.
La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue seleccionada para el conocimiento del juicio preliminar del caso Calamar, en cuyo expediente el Ministerio Público premió con la exclusión a los delatores del hecho.
En la acusación, el Ministerio Público no solo excluyó a los delatores, sino también a sus empresas, las cuales en principio figuraban como partes del desfalco por más de 19 mil millones de pesos cometido contra el Estado Dominicano.
Los favorecidos, considerados como actores principales de la trama, son Ramón Emilio Jiménez Collie, Bolívar Ventura, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña.
En relato factico de la acusación, estas personas y sus empresas figuraban como los ideólogos y operativos del hecho.
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Las personas físicas acusadas son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Rafael Calderón, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Peña Peña, Princesa García Medina, Antonio Gerbasi Fernández y Ángel Lockward.
También, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Santiago Moquete, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Fernández, Emir José Fernández, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julian Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio, Omar Manuel Miqui Arias y Rosa Arias Ruiz.
Figuran, además, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Citrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milciades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero.
En la acusación fueron incluidas doce personas jurídicas que son Miqui Trade, Sociedad Inmobiliaria el Algodonal, Britza Inversiones y Construcciones, Brimart Comercial BM, Bribae Dominicana, Fincas de Recreo Villa Mella, Inmobiliaria Santa Bárbara, Desarrollos Rurales, Ángel Lockward y Asociados, Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Financiamiento de papeles de créditos e Intercaribe Mercantil.
El Ministerio Público acusa a los implicados de haber participado en un fraude contra el Estado por más de 19 mil millones de pesos.
