El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha emitido juicio de valor sobre el caso Odebrecht que crea la percepción de que ese expediente tiene factura extranjera y de que son escasos los aportes jurídicos y forenses que se le agregan desde la justicia local.

Conforme a lo señalado por el magistrado Rodríguez, el Ministerio Público no ampliará la lista de encartados en esa acusación que involucra a 14 personas todas supuestamente mencionadas en expedientes procesados en Brasil.

Los fiscales han empleado el tiempo otorgado por el juez que impuso medida de coerción a los prevenidos en “corroborar” las informaciones que vinieron desde Brasil a los fines de que las mismas tengan “completo asidero y pruebas”, lo que en buen derecho resulta insuficiente.

Se sabe que la multinacional Odebrecht admitió ante una jurisdicción de Estados Unidos que habría distribuido entre funcionarios y empresarios dominicanos unos 92 millones de dólares para lograr adjudicaciones en la construcción de obras de infraestructura.

La Procuraduría también arribó a un acuerdo transaccional con esa empresa que se comprometió a colaborar en el esclarecimiento del supuesto ilícito, así como pagar una indemnización o multa equivalente al doble del valor entregado en soborno.

Lo que resulta extraño es que casi tres meses antes de que se dé apertura a la audiencia de fondo en torno a ese expediente, el procurador adelante que no habrá nuevos encartados y que las investigaciones se limitan a corroborar las informaciones o medios de pruebas procedentes de Brasil.

Es obvio que 92 millones de dólares representa una suma significativa, a la cual el Ministerio Publico debería seguir sus rastros y procurar identificar en el ámbito local algún tipo de indicio que comprometa la responsabilidad penal de los encartados o que permita agregar nuevos nombres a la lista.

Lo que no parece comprensible es que un expediente de esa naturaleza se sostenga, como ha adelantado el procurador general, solo en evidencias importadas desde la sede de la multinacional que admitió la entrega de sobornos. Los fiscales dominicanos también deberían investigar.