El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó ayer al Tribunal Supremo Federal de su país mantener bajo confidencialidad “todas las pruebas que constan en los acuerdos de colaboración premiada firmados por Odebrecht”.

Janot también envió un oficio-circular a los jefes de los ministerios públicos de los países donde se han abierto investigaciones contra la empresa brasileña, informándoles de la solicitud que hizo al Tribunal Supremo Federal de Brasil.

El procurador justifica la petición de mantener en sigilo las pruebas en razón del posible interés de las autoridades extranjeras de ordenar investigaciones relativas a los hechos reportados por los colaboradores, las cuales podrían verse perjudicadas si estas se divulgan antes de que sean dirigidas a las autoridades solicitantes.

El Ministerio Público de Brasil advierte de que las solicitudes de cooperación que ha recibido solo pueden ser respondidas después de cumplido el plazo establecido en la cláusula contractual de confidencialidad del caso Odebrecht, que tiene vigencia por seis meses, pero que vence mañana 1 de junio.

Para Janot, terminado el plazo, no significa que automáticamente desaparezca la necesidad de mantener en secreto la información, en especial de aquella que debe ser enviada al exterior a través de la cooperación internacional.