Por: Angel Berto Almonte

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TRENTON, NEW JERSEY .- El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció el arresto de tres hombres que operaban un negocio privado de inspección de autos en la ciudad de Paterson y quienes de inmediato fueron acusados por usar fraudulentamente simuladores de data para generar falsos resultados en las inspecciones de vehículos de motor.

Según la fiscalía, se presume que los hombres recibieron pagos de clientes por usar aparatos electrónicos para generar resultados aprobados de vehículos que fallaron las inspecciones de emisión, que dependen en la data de sistemas de diagnóstico a bordo.

Los cargos son el resultado de una investigación conjunta de la División de Justicia Criminal, la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, y el Departamento de Protección del Medio Ambiente (por su sigla en inglés DEP) de Nueva Jersey.

La División de Justicia Criminal arrestó y acusó de manipular archivos públicos a los jóvenes: Christopher Alcántara, 28, de Paterson, dueño de Cinco Estrellas Auto Inspección, que está localizado en 34 1st Avenida en Paterson, Mariano Alcántara, 51, de Clifton y Lewis Alcántara-Sosa, 21, de Paterson, los tres tienen vínculos familiares.

Christopher y Mariano Alcántara fueron arrestados esta mañana por los detectives de la División de Justicia Criminal y fueron llevados a la cárcel del condado de Bergen con libertad bajo fianza de $50,000 dólares cada uno. Lewis Alcántara fue acusado con citaciones y fue puesto en libertad sin poner la fianza después de que fue procesado en los cargos.

“Esta clase de fraude amenaza el aire que respiramos, porque el resultado es más vehículos mal mantenidos en nuestras carreteras y más emisiones tóxicas,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “No toleraremos esta clase de individuos deshonestos que buscan ganancias a expensas de la salud del público y del medio ambiente.”

“El mensaje aquí es que aquellos que cometen fraude de inspección se enfrentaran con castigo severo,”dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Tenemos la capacidad de detectar el uso del simulador de data, y cualesquiera que sean descubiertos se enfrentaran con serio tiempo en la cárcel como estos acusados.”

“El programa de prueba estricta de emisiones del estado está designado para mantener fuera de nuestras carreteras a los ‘contaminadores’ y llevarlos dentro de los talleres de reparación,” dijo el Oficial y Jefe Administrador de la Comisión de Vehículos Motorizados Raymond P. Martínez.

“Estamos comprometidos a proteger la cualidad de nuestro aire implementando las leyes y regularizaciones que protegen la salud de nuestros residentes y del medio ambiente,” dijo el Comisionado del DEP Bob Martin. “Esta clase de conducta no será tolerada.”

La mayoría de autos de pasajeros y vehículos industriales ligeros de modelo 1996 o después tienen un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que monitorea el sistema de emisiones del vehículo. Durante una inspección del OBD, un inspector en una facilidad privada de inspección (PIF) o en una facilidad central de inspección (CIF) conecta un aparato de inspección aprobado por el estado a un estándar “enlace conector de data” en el vehículo para obtener OBD data para determinar si el vehículo pasa o falla.

Se alega que, en numerosas ocasiones durante el año pasado, los acusados instalaron OBD simuladores en lugar del enlace conector de data en vehículos que habían fallado las inspecciones de emisión para generar data falsa que permitía que los vehículos pasaran.

Se alega que los demandados cargaron a los clientes hasta $150 dólares por auto por usar los simuladores OBD que permitían que los clientes pasaran las inspecciones de emisión., precisa la nota de la fiscalía entregada al EL NACIONAL por el periodista Roberto Bustamante.

Los crímenes de segundo grado llevan una sentencia de cinco a diez años en la prisión del estado y una multa de hasta $US150,000 Además, el cargo de crimen de segundo grado de computadora lleva un tiempo mandatario de no ser elegible para libertad condicional, igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta. Los crímenes de tercer grado llevan una sentencia de cinco años en la prisión del estado y una multa de hasta $US15,000.