La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó hoy al Tercer Juzgado de la Instrucción una prórroga de cuatro meses para la investigación del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
El tribunal, además de la solicitud de prórroga del Ministerio Público tiene previsto decidir sobre la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los ocho encartados por el crimen.
Los imputados por el crimen son el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; José Mercado Blanco (El Grande), el coronel y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Lucas Tobías Ortega Duarte, Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián.
El 14 de agosto pasado el juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apoderó mediante sorteo aleatorio al Tercer Juzgado de la Instrucción para conocer la solicitud de juicio preliminar a los implicados en el asesinato.
Se recuerda que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo declinó el caso de Ramírez al Distrito Nacional, pero el expediente fue devuelto a esa jurisdicción, debido a que no había sido llevado completo al juez Vargas.
El abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez fue raptado y posteriormente asesinado. Su cadáver fue hallado el jueves 12 de octubre de 2017 con un disparo en la cabeza y atado a dos blocks con cadenas en un arroyo de Hato Nuevo, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
En octubre de 2017 se les impuso medida de coerción a los primeros apresados por el caso.
El 20 de julio pasado la Segunda Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo declinó el caso del asesinato del catedrático universitario Ramírez Ferrera para que sea conocido en los tribunales del Distrito Nacional.
El tribunal de alzada acogió un recurso de apelación interpuesto por los abogados
Ramón Ramírez Montero y Manaury Montero Ferrera, quienes solicitaron al tribunal la declinatoria del caso por incompetencia territorial, invocando el criterio de que el crimen de Ramírez Ferrera se produjo en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde fue raptado luego de impartir clase en la academia.
