POR: Susi Pola

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La violencia basada en el género, contra las mujeres en el marco de una relación de pareja, presente o pasada, formal o informal, es una de las más grandes violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país, donde la estadísticas aún no alcanzan con propiedad la cantidad y calidad de este fenómeno que mutila y mata a un número considerable de dominicanas.

Por la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y la validación socio cultural que tiene este tipo de violencia, las víctimas, mujeres, niños y niñas, tienen mucha dificultad en mantener los procesos jurídico legales que penalmente, responden por ella. Una situación que se da a nivel nacional y sobre todo, en las provincias, por la centralización de recursos que existe en nuestra economía política.
Es frecuente ver que las mujeres violentadas, alentadas a denunciar estos delitos, apenas pueden iniciar los procesos en la justicia, donde una serie de requisitos generales le son aplicados a un fenómeno que debería de entenderse como suis generis, por la cantidad de implicaciones mítico culturales que apoyan el androcentrismo de la ley, la estructura del sistema legal y las actitudes de quienes lo administran.

La noticia de un acuerdo entre los Comedores Económicos y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, firmado la semana pasada para proveer de raciones crudas de alimentos a sobrevivientes de violencia de género de manera mensual, es una verdadera política pública contra la violencia hecha a las mujeres en este escenario.

De acuerdo a la Fiscal Yeni Berenice Reinoso, el 40% de las mujeres que inician un proceso ante la ley contra parejas violentas, se ven obligadas a retirarlo en un gran porcentaje por falta de apoyo económico para enfrentarlo, una realidad referida frecuentemente por ellas en todo el país.

Las mujeres que sufren violencia en el marco de una relación de pareja, generalmente con menores a cargo, deben ser beneficiarias de prestaciones sociales de este tipo, en un país con altos índices de pobreza femenina como el nuestro, donde el fenómeno de la violencia contra la mujer abarca las cifras más altas entre las que recibe la justicia penal dominicana.

Es de esperar que una política pública como la consignada sea establecida en todo el país, porque la efectividad de la protección de los derechos humanos, mal podría depender de la territorialidad, en este caso del Distrito Nacional donde no están la mayoría de las víctimas.
El ejemplo de una política, nacida de un acuerdo sencillo entre funcionario y funcionaria, debe multiplicarse y establecerse como una respuesta frente a la violencia de género en ámbitos institucionales. ¡Ojalá sea replicada!