Con el decreto que suspende los aportes a los fondos de pensiones el presidente Danilo Medina ha dado un paso trascendental y favorable para la nación. Nos muestra una de las tantas fórmulas que el gobierno dispone para reducir gastos y reajustar su presupuesto sin acudir a nuevos impuestos. La disposición evita cualquier uso inapropiado de los planes de pensiones de sus directivos y empleados, enviando una señal clara del compromiso del Ejecutivo con el buen uso de los fondos públicos.

La Contraloría General de la República ha sido facultada para suspender los aportes extras a las pensiones de todas las entidades estatales, incluyendo el Banco Central y el Reservas. Aún existen instituciones del Estado que mantienen fondos de pensiones no registrados en la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Descontrol que el gobierno admite, en un gesto de franqueza.

Es oportuno que, tanto la Contraloría como la SIPEN evalúen y auditen el uso de esos fondos, para determinar cuántos pensionados siguen activos, como altos y medianos funcionarios, devengando a la vez grandes sueldos. Igual, deben regular el monto de esas asignaciones, limitando así las excesivas en instituciones y empresas que se creen por encima de las Constitución y de la ley. Tocado este tema, mencionar el Banco Central, el Congreso y la Junta Central Electoral es ya redundante. La fuerte resistencia a la reforma fiscal anunciada encuentra justificación posibilidades de reajustes del gasto público y en la urgente necesidad de que la presente administración explique y condene las causas del hoyo fiscal de RD$187 mil millones que amenaza con descomponer todo el sistema productivo del país.

El déficit provocado a las finanzas estatales por Leonel Fernández alcanza el escandaloso monto de un 8.2% del PIB, duplicando el hoyo del Baninter.

Romper con este sistema rezagado y encubridor debe ser una de las metas fundamentales del presidente Medina. Arar con los bueyes del antiguo amo de la finca le impide implantar sus propios métodos.