La denominada consulta popular que una comisión de juristas realizó entre el 2006 y el 2007, sirvió de poco; la voluntad mayoritaria que se expresó en ella terminó siendo acomodada a presiones foráneas y, por supuesto, a la conveniencia del partido de gobierno.

La propuesta de reconocerles nuestra nacionalidad a los hijos de padres apátridas o desconocidos, o mejor, del montón de haitianos que residen ilegalmente en este lado de la isla, no figuraba entre las aspiraciones nacionales de regirse por un texto sustantivo progresista.

Nada distinto puede decirse de la reelección presidencial con un período de intervalo, fórmula que fue rechazada en ese costoso proceso de consulta que, finalmente, no pasó de ser una justificación del proyecto de modificación constitucional.

Y hay quienes piensan que haberlo presentado luego de transcurridas las elecciones del 16 de mayo del 2008, encubría el interés del jefe de Estado de discutir legalmente la posibilidad, llegado el momento, de postularse a la presidencia de la República en el 2012.

Al sustraérsele a la Suprema Corte de Justicia el control constitucional y endosárselo al tribunal instituido por los asambleístas en el texto que será proclamado el próximo día 10, se plantea un escenario interesante. Y es que sería este nuevo organismo, por el que abogó el mandatario, el que partiendo de la discutible atribución retroactiva de que alegadamente gozan las disposiciones constitucionales, el que decidiría si puede optar dentro de 31 meses por la más alta posición ejecutiva.

En fin, estoy convencido de que haber demorado el sometimiento del proyecto de reforma durante más de un año, fue un jugada política cuidadosamente concebida que, indudablemente, benefició al partido oficialista más que al PRD.