LILLIAM FONDEUR
En ocasiones nuestros legisladores no separan lo que es su oficio de legislar y sus creencias religiosas, que muy bien funcionan en sus iglesias, pero no en el Congreso Nacional. No incluyo a las legisladoras, porque son solo los hombres, los que esgrimen la Biblia como pretexto constitucional en temas que competen al cuerpo de la mujer.

Hace unas semanas, en la Cámara de Diputados, cuando se pretendía conocer el artículo 30 de la propuesta de Reforma Constitucional entregada al Congreso por el Presidente Leonel Fernández, un diputado argumentó leyendo versículos de la Biblia referidos al inicio de la vida. Sería oportuno recordar que el Congreso Nacional no es un templo religioso para predicar. Si acaso sería un santuario de la democracia, de la concertación entre diferentes fuerzas para el beneficio de toda la población. Las cámaras legislativas no son parcelas privadas de nadie.

Debido a esta confusión de los legisladores me veo en la necesidad de repetir algunas ideas. Las personas que apelamos por la despenalización del aborto en casos específicos, cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o incesto, y cuando el producto de la concepción es inviable fuera del útero, no pretendemos que las iglesias nos apoyen. La libertad de expresión es un derecho ganado con sangre.

Echémosle una ojeada a la realidad en concreto. Para las religiones tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado, sin embargo el poder legislativo no toma cartas en el asunto. Tener sexo sin estar legalmente unido no es delito. El divorcio no por fornicar es pecado, según Mateo 5:32. Sin embargo, el divorcio es una realidad a la luz de todos y todas. A nadie se le ocurre penalizar el divorcio.

De igual manera, muchas religiones consideran un pecado el uso de métodos anticonceptivos. Para estas creencias, el fin del acto sexual es la reproducción. Tener relaciones sexuales con el único objetivo de compartir el amor y el deseo sexual, o simplemente disfrutar del sexo por sexo, evitando un embarazo, es un pecado. Sin embargo no es delito. A ningún legislador o legisladora se le ocurre penalizar el uso de métodos anticonceptivos. Que las y los creyentes respeten las normas de su religión es otra historia.

De igual forma, es preciso que el poder legislativo separe lo que es delito, de lo que es pecado, respetando los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos, incluyendo el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables, el derecho a decidir tener o no tener hijos, el número y el espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.

Las niñas y mujeres violadas y embarazadas, las que ponen en riesgo su salud o su vida a causa de un embarazo, tienen el derecho a decidir continuar o no con el agresor, que en estos casos es el embarazo. Es hora ya de que el Congreso deje de condenar mujeres, por decidir vivir. Tolerancia cero a los femincidios de Estado, es un asunto de humanidad.

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