Sin derechos para la mujer no hay democracia. Las demandas de la mujer no son las demandas de la familia. Mujer y familia no son sinónimos. Para impulsar políticas de igualdad, para erradicar la violencia contra la mujer es indispensable el interés de los gobernantes, no basta el desarrollo económico. La discriminación contra la mujer, igual que el mercado, no se regula sola.

La teoría neoliberal del derramamiento ha fracasado. Nada más falso que la mano invisible de Adam Smith que regula el mercado. Nuestra experiencia nos demuestra que los ricos son cada vez más ricos y la pobreza aumenta a pesar de la gran inversión en dádivas.

Las leyes contra la violencia de género son un instrumento importante, no un fin, son un camino y envían un mensaje a la población. La ley 24-97 tipifica como delito la violencia contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, incluyendo la violación sexual entre parejas.

A pesar de la legislación en promedio todos los años asesinan 200 mujeres, los hombres que dicen amarlas y en realidad solo quieren controlarlas. Cada 36 horas una mujer es asesinada a manos de su pareja sentimental, dejando un promedio de tres huérfanos según la Policía Nacional.

Las próximas víctimas de feminicidio las podríamos encontrar en las mujeres que ponen denuncias de violencia, más de 100,000 denuncias al año de las cuales solo salen adelante un 10 por ciento o en las 20 a 50 mujeres violadas cada día reportadas. A pesar de el estado tener la obligación de velar por la salud de las ciudadanas, las mujeres mueren por causas prevenibles. Las fallecidas por mortalidad materna son muertes que no debieron ocurrir y en la mayoría de los casos son mujeres pobres.

Hasta la fecha más de 70 mujeres han fallecidos por causas relacionadas a un embarazo. Muchas de ellas por recurrir a un aborto inseguro, y otras por el servicio de salud no interrumpir un embarazo a tiempo para proteger la vida de la mujer. Parecería que penalizan la pobreza.

La mortalidad materna reduciría de manera importante con sembrar el país de anticonceptivos, pero la iglesia se opone y las autoridades en genuflexión asumen la doctrina religiosa como norma de estado. El Ministerio de Salud afirma que no es necesario ofrecerle a la población anticonceptivos y condones a través de las farmacias del pueblo, Promese Cal. Las boticas populares no están para eso. Si las mujeres reconocieran que sostienen la economía del país a través del trabajo remunerado, no remunerado y a través de las remesas otro gallo cantara.