La abrupta suspensión de las elecciones municipales ordenada ayer por la Junta Central Electoral (JCE), después de iniciado el proceso, ha sido un golpetazo a la democracia y un irrespeto a la sociedad dominicana, intoxicada hoy de vergüenza e indignación.

Hasta el día antes de que se perpetrara ese baldón contra la institucionalidad democrática, desde la JCE se ofrecía garantía de que el sistema de voto automatizado funcionaría adecuadamente, pero desde el inicio de las votaciones el sistema colapsó en más del 87% de las mesas electorales.

Gobierno y oposición se culpan mutuamente de esa bochornosa interrupción de las elecciones, a pesar de que el liderazgo político admite que desde la víspera se sabía que había problemas con el voto electrónico y que incluso se llegó a discutir la suspensión total o parcial.

Queda claro que el sistema del voto automatizado no fue inhabilitado por ningún terremoto o tsunami, sino por alguna crasa inobservancia, negligencia o por una acción de naturaleza criminal, que la JCE y el Ministerio Público deben indagar y esclarecer prontamente.

Durante meses esos softwares fueron sometidos a extensas e intensas experticias técnicas por al menos dos agencias extranjeras que certificaron su viabilidad, pero en un cerrar y abrir de ojos el sistema sufrió un crack tecnológico que obligó a suspender el proceso de votación.

¿El Pleno de la JCE tenía conocimiento la noche del sábado de que algo andaba mal con esos equipos? ¿Cómo es eso de que el PLD solicitó esa noche suspender el proceso sólo donde se sufragaría por el voto automatizado? ¿Es cierto que el PRM sugirió la suspensión total del proceso?

Las respuestas a esas interrogantes no tendrían ningún significado, a menos que JCE, Gobierno, partido oficialista y oposición asuman el inmediato compromiso de restablecer la credibilidad que la población ha extraviado a causa de tan irritante y vergonzoso suceso, que ha vulnerado la estabilidad institucional.

No será posible recoger toda el agua derramada, pero al menos el liderazgo político debería promover un rápido diálogo a los fines de fijar fecha para la reposición de las elecciones de conformidad con la ley y acordar que los autores materiales e intelectuales de tan grave ilícito electoral sean identificados, juzgados y condenados.