POR: Max Puig
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El presidente de la República acaba de remitir un proyecto de ley al Senado que, de ser aprobado, autorizaría la participación del Estado en la generación de electricidad. El propósito principal de este proyecto sería legalizar la licitación y contrataciones que el Estado ha venido realizando para la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina. De hecho, el proyecto recién presentado confirma que los pasos que el gobierno ha venido dando para imponer las plantas de carbón no tienen asidero legal a la luz de la ley de electricidad vigente.

Por otro lado, el proyecto establece que “la negociación y el cierre de proyectos de generación promovidos, titularizados o que sean propiedad directa o indirecta, total o mancomunado del Estado, a través de la CEDEEE, estarán eximidos de los procedimientos y plazos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y Concesiones del Estado y su reglamento de aplicación”.

Dicho en otros términos: todos los contratos para la construcción de plantas generadoras en los que participe el Estado podrán ser contratados de grado a grado. Las garantías que la ley establece en la materia serían, pues, dejadas de lado. Aunque el gobierno ha guardado silencio sobre el tema del financiamiento de las plantas de carbón, la verdad es que hasta ahora no se ha logrado ningún financiamiento.

Una de las razones de las dificultades para la obtención de créditos reside en que los grandes organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como el gobierno estadounidense y la mayor parte de los gobiernos europeos, decidieron no otorgar préstamos para plantas de carbón por los daños que estas producen al ambiente.
La contratación de grado a grado podría facilitar la obtención de los créditos pero en condiciones sumamente onerosas para la República Dominicana. Es un muy grave error endeudar el país en las peores condiciones para construir plantas energéticas que dañarán el ambiente y afectarán la salud de dominicanos y dominicanas. Reitero que Peravia no debe ser convertido en un valle de la muerte.