Tras las escandalosas revelaciones de la Procuraduría General de la República sobre las supuestas irregularidades detectadas en las operaciones de la Cámara de Cuentas solo cabe esperar que se aporten las pruebas correspondientes.

Las investigaciones contra el presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez y demás miembros tuvieron como punto de partida la supuesta obstrucción de justicia.

Pero en la medida que se ha avanzado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que ha encontrado indicios que comprometen la responsabilidad de miembros y funcionarios en delitos de corrupción.

Esos delitos que se citan no pueden ser más escandalosos. Se trata, según el Ministerio Público, de asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

En un comunicado la Pepca sostiene que “las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”.

No identifica la dependencia ni los exfuncionarios, en torno a los cuales ya se especula, pero ante un señalamiento tan contundente, que involucra a la consultoría jurídica y la dirección de auditoría del organismo, se supone que se cuentan con pruebas irrefutables para sustentar el expediente en los tribunales. O exponerse, además del daño moral a los imputados, a perder el crédito ante la sociedad.