A finales del mes pasado, Leonel Fernández dijo que destinará 40 mil millones de pesos a realizar obras con el propósito de colocar en mejor posición electoral a Danilo Medina. Lo preocupante no es la intención de perjudicar a Hipólito Mejía, un candidato que realizó una gestión marcada por la malversación de fondos, el clientelismo, el abuso y otras sucias prácticas, sino la evidencia de que el destino de los recursos del Estado depende de la voluntad de un presidente que, por sucias razones, tiene a sus pies a legisladores y funcionarios.

Institucionalidad y transparencia son palabras huecas en boca de los sustentadores del sistema político vigente. La mentira para consumar la estafa política, o la desfachatez para presentar sin velo el autoritarismo, son distintas cubiertas para la misma lacra.

¿Cómo hablar de institucionalidad cuando el destino de 40 mil millones de pesos depende de si Leonel Fernández decide impulsar a Danilo Medina o pactar con algún sector de la mal llamada oposición?

Por eso, como gobernante, lejos de castigar el clientelismo y el derroche, los valida. Todavía tiene entre sus colaboradores de confianza a Héctor Rodríguez Pimentel y a José Francisco Peña Guaba, quienes, como funcionarios, causaron quiebras y protagonizaron numerosos escándalos.

Ante denuncias de despilfarro y de malversación, funcionarios electos y nombrados han reaccionado diciendo que hicieron donaciones diversas.

Hay que recordar la declaración de Radhamés Segura a mediados del año 2009, quien dijo que desde la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, hizo donaciones a instituciones sin fines de lucro y a iglesias. ¡Como si tuviera derecho a presentar su fe como pauta para el dictamen sobre el destino del dinero del Estado!

Fernández se viste de estadista en ocasiones, pero confía a alguno de sus colaboradores la administración de fondos del Estado a condición de que acate el más humillante dictado: Hágase tu voluntad.