Basta una mirada a la historia constitucional del país para advertir un panorama notablemente diferenciado en las motivaciones y circunstancias que dieron origen a las reformas constitucionales promovidas por los últimos tres presidentes dominicanos: Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

El principal elemento que salta a la vista es que las reformas de Hipólito y del presidente Medina se produjeron en el contexto de lo que se conoce como “el afán continuista de mandatarios latinoamericanos” que gobiernan con una concepción omnímoda del poder y un gran culto a su personalidad.
Esas reformas constitucionales vinieron aparejadas por actos de atropellos institucionales que incluyeron denuncias de compra masiva de legisladores de la oposición, uso de recursos públicos y fragmentaciones en el PRD y el PLD.

En los anales del constitucionalismo dominicano, el legado de Mejía y Medina se inscribe en el caudillismo continuista que encarnan presidentes como Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux (Lilís), Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer.

“Nunca jamás”

Hipólito Mejía llegó a la Presidencia bajo el amparo de la Constitución del año 1994 que había recortado de cuatro a dos años el período de gobierno del presidente Balaguer y prohibido la reelección como “remedio” para zanjar las heridas post electorales entre el viejo caudillo reformista y José Francisco Peña Gómez.

Tras dos años de gobierno, la gestión de Mejía contaba con un 60 por ciento de popularidad. Ese fue el detonante para que el “atípico” mandatario se lanzara al proyecto reeleccionista, pese a que requería echar por la borda su promesa de que no intentaría perpetuarse en el poder.

Así emprendió un camino que generaría serios traumas políticos, dividió el PRD y que le haría perder el apoyo de sectores que representaban la base de sustentación de su gestión.

La reforma se materializó utilizando dinero de Baninter, que apenas meses después estalló en una crisis de dimensiones desproporcionales que eclipsaría sus posibilidades de permanecer en el poder. De esa enmienda sólo quedó el “nunca jamás”, que impedía que un presidente se volviera a presentar después de una repostulación consecutiva.

Tiburón podrido

La promesa básica de Danilo Medina en el 2012 fue que no reformaría la Constitución que había sido proclamada dos años antes (2010) por su partido, porque ello implicaba un proceso de deslegitimación política y moral en el ejercicio del poder que llevaba a los presidentes a echar en un zafacón todos los escrúpulos.

El hoy mandatario reeleccionista ilustró su posición citando al historiador y “viejo zorro” balaguerista Ramón A. Font Bernard, quien patentizó la frase de que un presidente que optaba por la reelección era capaz de engullirse un “tiburón podrido y no eructar”.

Pese a ese predicamento, en junio del año pasado Danilo rompió su palabra y anunció que reformaría la Constitución para optar por un segundo período.
A partir de ese momento la política dominicana entró en un juego de “House of Cards”, un grisáceo escenario de simulaciones, compra de voluntades y puñaladas traperas que tuvo como blanco la eliminación política de Leonel Fernández para dar paso a la reelección.

Sin ambages, el proyecto de reforma de Danilo tuvo como único punto implantar la reelección consecutiva, para lo cual se violó el requisito del referendo que establece la Ley de Leyes y se trató de pasar el proyecto que declaraba la necesidad de la reforma como una ley ordinaria, cuando la propia Constitución prescribe que es a través de ley orgánica.

La reforma se salvó cumpliendo parcialmente el procedimiento constitucional y se convocó mediante ley orgánica como resultado del denominado pacto “reelección por reelección”, mediante el cual Medina aseguró a los legisladores del PLD su repostulación congresual a cambio del apoyo a su proyecto, lo cual castró la democracia interna de ese partido.

Estado social de Leonel

La reforma constitucional de Leonel Fernández se inició con un amplio proceso de consultas populares que sirvió de referencia para la discusión ulterior que se produjo en la opinión pública y en el Congreso.

El principal escollo que presentó esa enmienda fue la resistencia de algunos sectores que consideraban que el mecanismo de reforma constitucional que debía utilizarse era la Asamblea Constituyente y no la Revisora.

A ese reclamo, el ex mandatario respondió que sólo se acude a la Asamblea Constituyente cuando “se ha presentado una situación de ilegitimidad del sistema político que obliga a una ruptura con el viejo orden”, por lo que lo que procedía era una Asamblea Revisora compuesta por los senadores y diputados en ejercicio de la legislatura.

La reforma de Leonel fue un salto hacia adelante que transformó el viejo Estado de Derecho liberal en Estado social (artículo 7 y 8 de la Constitución) y con ello se superaron los vacíos históricos que habían pervivido en la sociedad dominicana durante más de medio siglo tras la decapitación de la dictadura de Rafael L. Trujillo.

Se consagró un catálogo mucho más amplio de los derechos fundamentales, incluyendo derechos de tercera generación, tales como los derechos al medioambiente, de los consumidores y a la seguridad alimentaria.

Pero también se definió por vez primera en el constitucionalismo dominicano un preámbulo de principios y se incluyeron garantías jurisdiccionales que no figuraban en el texto constitucional anterior como las acciones de amparo, de hábeas data y hábeas corpus.

Todo el cuerpo normativo de la Carta Política fue reformado y se redefinió la estructura completa de la administración pública, creando ministerios en vez de secretarias de Estado, a la vez que se sujetó la actuación administrativa al principio de legalidad (artículo 139 de la Constitución).
La reforma creó como órganos constitucionales el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

En lo referente al modelo de presidencialismo, suprimió la reelección que se había reintroducido en la reforma del año 2002 y optó por un sistema presidencial sin repostulación, pero habilitando a los presidentes salientes a postularse una vez transcurriera un período de ejercicio de su sucesor.

Aunque se dijo que con ello se habilitaba al ex presidente Fernández para el 2016, el modelo de Leonel evitaba el uso desenfrenado de los recursos públicos a favor de presidentes que decidieran ser candidatos en ejercicio del poder.

Por lo demás se trató de una reforma íntegra del texto constitucional, que auspició un proceso de modernización del Estado y consagró mecanismos de democracia participativa como el referendo y el plebiscito.