¿Dónde están los millones de dólares en efectivo y la gran cantidad de estupefacientes que constituyeron el motivo para ejecutar 8 personas en Paya en agosto pasado? ¿Cuáles miembros del alto mando de la Policía y de la alta dirección de los organismos de inteligencia cargaron con el botín?

¿Dónde está el dinero que la hoy fugitiva Sobeida Féliz (prófuga, aunque a la vista de algunos de quienes dicen buscarla) señaló como faltante en el caso en que está vinculada?

¿Cuáles oficiales de la Marina han custodiado cargamentos de estupefacientes en lanchas de la institución? ¿Cuáles son los rostros de la macrocomplicidad que se esconde detrás del manoseado término microtráfico? ¿Cuántos sicarios hay en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y cuáles funcionarios civiles son sus socios en negocios diversos?

¿Cuáles respetables empresarios tienen almacenes a disposición de los grandes traficantes de cocaína?

¿Cuáles campañas se han financiado con dinero procedente del narcotráfico y del lavado de dinero?

Es preciso formular estas preguntas y muchas otras, antes de preguntar si el presidente Leonel Fernández ignora a quiénes dio la orden de levantar colchones, penetrar en habitaciones, traspasar cortinas de quirófanos y mover todas las piedras hasta encontrar a Sobeida Féliz en cualquier condición.

Y, claro, antes de afirmar que la aparatosidad no hace más creíble la búsqueda de una persona que es pieza clave en un expediente que involucra mucho dinero y podría contener nombres sonoros.

El presidente Leonel Fernández respondió al escándalo, porque no quiso asumir el costo político de quedarse callado.

Pero es obvio que no quiere hurgar en la podredumbre del poder temporal, al cual representa, o en la del poder permanente, al cual pretende seguir sirviendo y en cuyo seno quiere ser asimilado como heredero de Joaquín Balaguer.

Balaguer adquirió el liderazgo como cortesano de Trujillo y lo afianzó al dirigir, por encargo de los invasores, el proceso de reunificación de los grupos oligárquicos.

Fernández, para reafirmar el liderazgo que considera su herencia, cumple el pacto de impunidad y finge ignorar que ciertos grupos tienen integrantes no reconocidos. Ahora intenta lavar el rostro del gobierno, porque, en el discutido secuestro del joven Baldera, la Policía mintió, y, peor aún, recurrió al secuestro y al asesinato. Sobre las ejecuciones que, por motivos nada limpios, realizan cada día las patrullas, el presidente ni habla. No le resulta escandaloso, porque es una práctica contra los desposeídos.

Él no hurga en lo podrido. Trata de evitar que salga el vaho. Pero el intento es infeliz. La podredumbre es evidente.