Se recibiría como un bochorno mayor la pretendida intención de la comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2018, de retirar el artículo que establece un límite de 100 mil dólares en el monto de la exoneración de vehículos que se otorga a los legisladores.

No resulta en ninguna forma legal, razonable ni legítimo que senadores y diputados disfruten del exclusivo e irritante privilegio de recibir durante su gestión dos exoneraciones para la adquisición de un carro o yipeta de lujo con valor ilimitado.

Los congresistas deberían saber que ese tipo de exención viola la Constitución de la República y las más elementales normas de ética y decencia, porque desborda el derecho del servidor público a disponer de un transporte seguro y adecuado.

Algunos legisladores admiten la ilegalidad e irracionalidad que supone recibir dos exoneraciones abiertas para ser mercadeadas en el mercado local, por lo que abogan por la erradicación de esa mala práctica o, al menos, por imponer límite a su valor.

El argumento de que otros sectores reciben exoneraciones o exenciones del Estado, no justifica que el Congreso legisle para provecho de sus miembros en detrimento de la normativa sustantiva. Lo que debería hacer es corregir por vía de la ley lo que cree irregular, pero no participar de ningún festín pagado por el erario.

Lo sensato sería que el Estado proporcione transporte a los senadores y diputados, según sus requerimientos en términos de distancia de las comunidades que representan, pero si algún legislador aspira a un vehículo de super lujo debería sufragarlo con sus propios recursos.

Entre las prerrogativas de un congresista no figura la de recibir ni mercadear exoneraciones para la importación de vehículos de lujo ni para administrar a su discreción recursos públicos, porque su tarea fundamental es legislar.

El límite de cien mil dólares al valor de las exoneraciones que reciben los legisladores, se interpreta como un mal menor, porque ese es un privilegio ilegal, irritante e irracional, pero el colmo sería que la comisión bicameral insista en el absurdo y en el abuso.