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En la República Dominicana las telecomunicaciones tienen el dudoso privilegio de ser el único sector económico afectado por 4 tasas impositivas distintas por su consumo, lo que no ocurre ni siquiera con productos nocivos a la salud como el tabaco. Esto resulta particularmente llamativo en un país donde el Estado ha hecho considerables esfuerzos para digitalizar sus servicios, y que abiertamente propugna por la inclusión de sus ciudadanos en la cada vez más creciente economía digital.

El consumo de las telecomunicaciones en nuestro país paga ITBIS de 18%, un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 10%, una irónica Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) de 2%, y las tasas aplicables a la Ley que crea el Sistema 911. Nuestro país está en el 2do lugar en el continente con las telecomunicaciones más tributariamente costosas sólo detrás de Brasil.

El ISC representa aproximadamente un 1.66% de lo recaudado en un año por parte del Estado, y el conjunto de lo acumulado entre el ISC y el CDT apenas llega a un 2%. Estas recaudaciones se logran a costa de los usuarios que debemos pagar casi 1 de cada 3 pesos de nuestras facturas únicamente en impuestos.

Mientras tanto, menos de un 70% de la población dominicana tiene acceso a internet, la mayoría de los que tienen acceso lo hacen de forma precaria a través de planes limitados, y los privilegiados con planes ilimitados reciben un servicio deficiente.
El acceso universal a los servicios de telecomunicaciones debería ser una prioridad del Estado, no necesariamente por razones románticas sobre igualdad o el bien común, sino por sus propias ansias recaudatorias.

La economía digital es una proporción cada vez mayor no solo de las economías, sino de la fuerza laboral, que por la dinámica inherente a esos negocios esta tenderá a ser formal, con transacciones rastreables y con mayor transparencia, lo que significa mayores oportunidades de recaudación para el Estado.

Adicionalmente, y como lo ha reconocido el mismo Estado dominicano en su agenda digital, movilizar la demanda de los servicios gubernamentales de las oficinas de varillas y cemento hacia oficinas virtuales implica una reducción significativa de costos y de procesos dentro de la burocracia estatal, lo que libera aún más recursos que este puede destinar hacia mejores fines.

El monto de las recaudaciones por concepto de ISC, CDT y las tasas de la Ley del 911 no justifican las limitaciones que imponen al uso de las telecomunicaciones en la economía, tanto así que el cobro de ITBIS y la reducción de costos en un escenario de acceso universal pudieran más que compensar de manera directa esos montos dejados de percibir, y de manera indirecta permitir una recorte de ineficiencias a lo largo de la economía que traería considerables beneficios a todo el país.