(III)
Se ha dicho hasta el cansancio que la economía dominicana es altamente informal, y que el Estado y el país se beneficiarían de un empuje dramático hacia la formalización de las MIPYMES, con un impacto positivo tanto en las condiciones laborales de los trabajadores y muy especialmente en las recaudaciones del fisco. Esta necesidad choca de frente con el inexplicable impuesto del 1% sobre los activos de las empresas (ISA).

El ISA significó una recaudación de $4,609 millones, o 1.07% del total de las recaudaciones de la DGII en el año 2018. Más allá de lo poco que se recauda por este impuesto, los resultados nos enrostran la informalidad de nuestra economía que de alguna forma, y según las cifras del Banco Central, logra producir $4 billones castellanos, léase un cuatro (4) con doce (12) ceros (0), al año con apenas $460 mil millones en activos reportados en sus empresas lo que sería un impresionante, y sumamente improbable, ROA para el país.

No sólo este impuesto no logra una recaudación significativa por la informalidad de nuestra economía, sino que este es un factor adicional alimentando esa informalidad. El cumplimiento del ISA es costoso más allá de su tasa, y representa un desafío importante para las empresas más pequeñas que no cuentan con los controles internos y los equipos de contabilidad que tienen las empresas más grandes, siendo las primeras desproporcionadamente más afectadas por el impuesto.

Para agravar la situación, el ISA recae sobre los activos de la empresa y nada tiene que ver con su renta, por lo que se paga indistintamente de los resultados de esta o el tiempo que tenga operando. Por lo que una empresa que reporte pérdidas en el curso de un año fiscal deberá exprimir de su flujo de efectivo o vender una porción de sus activos para poder pagar el impuesto, complicando aún más su posición financiera y sus prospectos de sobrevivir en el futuro.

Justo por lo anterior se le ha reconocido a este impuesto una naturaleza confiscatoria, lo que ha motivado su declaratoria de inconstitucionalidad o abierta derogación en casi todos los países del mundo donde este ha sido implementado.

Resulta particularmente curioso que este impuesto exista encima de los enormes gastos en los que incurre el Estado dominicano desde múltiples instituciones y ministerios, incluyendo a la DGII, tratando de impulsar la formalidad de nuestra economía. Ese gasto por una causa loable y necesaria en nuestro país es contrarrestado por los $4,600 millones que se recaudan en un impuesto absurdo, de cuestionable constitucionalidad, que elimina cualquier incentivo a la formalización por su desproporcional impacto justo en aquellos sectores que buscamos formalizar.