Por obsoleto y regirse más por la fuerza que por la tecnología la eliminación del canódromo El Coco constituye una buena decisión del Intrant. Lo censurable es que las denuncias de corrupción que pusieron el centro en la picota se queden, como se advierte, sin aclarar.
La investigación de una comisión de la Policía sobre la operación del canódromo, designada tras la agresión contra el director y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como contra periodistas, todavía permanece en el aire. Ese limbo se ha prestado a todo tipo de conjeturas.
La principal responsable de la agresión a palos y trompadas a Pablo Ulloa y demás, la coronel Ysabelita de los Santos Pérez, quien era la encargada del centro, se justificó señalando que le habían informado que los comisionados eran unos intrusos.
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No reparó en la vestimenta, el porte ni en los equipos fotográficos para tomar la justicia en sus manos. Durante el incidente hasta se violó la data de una cámara retenida a un fotógrafo de Listín Diario, mientras la justicia ha brillado por su ausencia. El proceso que enfrenta De los Santos Pérez y los miembros de la Digesett es por agresión.
La eliminación del cuestionado canódromo no debería suponer un premio a la impunidad, aunque no esté en manos del Intrant, sino de la Policía, aclarar las irregularidades y arbitrariedades denunciadas en el centro, que operaba la Digesett.
