El pasado 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández tronó contra las lacras que empañan el prestigio de los cuerpos armados; pero, como jefe de la administración pública y jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República y de los cuerpos policiales (artículo 55 de la Constitución), no ha dado un paso hacia el cese de la impunidad. Por el contrario, se empeña en presentar como rutinarios los retiros y remociones que ha dispuesto en los últimos días.

¿Cuáles oficiales están detenidos o son investigados por hechos no aclarados? ¿Son auscultadas, acaso, por los organismos competentes las cuantiosas fortunas que poseen ciertos oficiales?

En la lista de oficiales detenidos sólo figuran el mayor de la Fuerza Aérea herido en el asalto a la empresa Parmalat, el oficial de la Policía identificado por el sobreviviente de la matanza de Paya como la persona que dirigió las ejecuciones, los oficiales de la Marina involucrados en la misma matanza, y oficiales de la Policía identificados en los últimos días como empleados de poderosos narcotraficantes.

¿No tenían esos oficiales cómplices y conexiones dentro de las instituciones? ¿Es explicable que hayan hecho carrera como hicieron carrera de sicarios y narcotraficantes siendo incluso asistentes de jefes de Estado Mayor, sin que los organismos de inteligencia llegaran a percatarse de ello?

En el caso particular del general José Luis Vargas Cuello, ¿cómo se explica que, cuando fue herido en el asalto a Parmalat, se dijo primero que tenía una limpia hoja de servicios, y luego se reveló que había robado un vehículo y consumido drogas? ¿Por qué la Policía permitió que otro oficial de la Fuerza Aérea lo trasladara del hospital donde estaba bajo custodia?

Ex jefes militares y ciertos analistas, se han dedicado a proclamar que son honorables ciertos oficiales superiores retirados o removidos. En muchos casos, lo hacen en cumplimiento de compromisos nada limpios, y esto hay que señalarlo.

El Presidente y los altos mandos han facilitado la tarea de las voces pagadas, porque, sabiendo que actúan cuando se sienten todavía los efectos de los grandes escándalos, no dan explicaciones.

Es obvio que el presidente Leonel Fernández no tiene entre sus metas poner fin a la impunidad. Oficiales que han hecho carrera a pesar de estar involucrados en delitos como la desaparición del profesor Narciso González y el uso de los servicios del sicario Carlos Everstz Fournier, siguen activos. No se esclarecen los casos y, claro, no se aplica sanción. Esto traspasa el límite del descaro.

El poder político desconoce los principios básicos de la decencia, y el poder militar es forjado a la imagen del Estado así dirigido. Ausentes los principios, el enunciado de las normas es pura palabrería.

El deber de defender la soberanía, el deber de actuar con apego a las normas del derecho, el deber de ser ejemplo de honradez y entrega, son enunciados que se escriben para llenar páginas y se proclaman al momento de asumir poses para consumar la estafa política.

Eso explica que hombres y mujeres bien entrenados usen sus conocimientos militares para convertirse en sicarios, narcotraficantes y malhechores de denominaciones diversas.

Algo similar ha ocurrido con los ejércitos de Centroamérica y ocurre hoy con los cuerpos armados en México y en Colombia. Estos cuerpos fueron formados para defender los intereses de la ultraderecha y para servir de brazo armado a una oligarquía elitista y esencialmente entreguista. En otras palabras, para reprimir a la población. Los vínculos con el crimen organizado se manifiestan en hechos que constituyen escándalos.

Presidentes de ultraderecha como Tony Saca, Felipe Calderón y Álvaro Uribe Vélez, dicen que las denuncias de atropellos y tropelías son obra de elementos inadaptados que han montado una campaña de descrédito. Aquí, ex jefes militares y funcionarios dicen lo mismo… ¿Quién perdería el tiempo diseñando campañas de descrédito en momentos en que la podredumbre rompe sin ayuda alguna el cascarón con que el poder pretende cubrirla?