No creo que eso que llamamos “democracia dominicana” pueda ser superada por otra en términos de haber transcurrido un período más largo de transición, tan prolongado que ha perdido su nombre para ser sustituido por fracaso democrático. ¿Cuánto más tendríamos que esperar para dar oportunidad a que tal sistema alcance un nivel adecuado de solidez?

Consecuencia de esa disfuncionalidad es la ausencia de separación de poderes, promovida como parte de la esencia de la democracia. En ese trayecto, lo que hemos padecido ha sido el predominio no solo de un poder sobre otro, sino lo que es más grave, la preponderancia inequívoca del principal representante de uno de ellos sobre toda la vida nacional.

¿Cuándo hemos disfrutado de un poder legislativo ejerciendo su rol de fiscalización de los recursos públicos dilapidados por el ejecutivo? ¿Cuándo ha dejado de ser un instrumento de asentimiento acrítico de directrices emanadas del Palacio Nacional? ¿Cuándo la nación ha tenido un poder judicial en aptitud de procesar inconductas encarnadas en elevados funcionarios de otras de las ramas del Estado?

Entre nosotros apenas se cumplen formalidades leguleyas para preservar una apariencia que no es más que un subterfugio que sirve de formato protocolar para que ese monarca, que en los hechos es el presidente de la república, ejerza su dominio sin mayores contratiempos.

Esa circunstancia ha adquirido niveles inauditos en la actualidad por el hecho de que el sector político dominante en los últimos once años ha trabajado con esmero de orfebre en la estructuración de una institucionalidad plegada a sus designios como garantía infalible de no perturbación por los desmanes ejecutados desde la cúspide del poder.

Si bien es cierto que esa configuración manipulada viene del pasado, esta administración es beneficiaria de sus bondades ilegítimas y, a lo sumo, las dificultades que se le pueden presentar son derivadas de las luchas intestinas por la dominación de los resortes del poder, tanto en el presente como en el porvenir inmediato.

En ese escenario se inscribe la figura del indulto, mediante la cual, el presidente de la república tiene la facultad de perdonar las penas impuestas por el poder judicial, en una vulneración inaceptable de la referida separación de poderes y en una reiteración del carácter faraónico del primer mandatario.

Por eso se celebra el anuncio del no otorgamiento de indultos en estas navidades. Ojalá sea el primer paso de su extirpación definitiva del ordenamiento constitucional dominicano.