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Inequidad defensa derechos humanos

Inequidad defensa derechos humanos

Me preocupa y repudio la actitud de la Policía Nacional, de la cual no dudo muchos actos que se le imputan.

Sé perfectamente que la conducta de miembros de la Policía es tan aberrante, que muchas veces el ciudadano se queda con la impresión de que en lugar de actitudes individuales, aisladas, se trata de una conducta institucional.

Sin embargo, así como repudio las ejecuciones extrajudiciales, también considero aberrante la actitud de organizaciones cuya tradicional actitud de encubrimiento del delito me hace percibirlas como organizaciones paradelincuenciales.

Es el caso de Amnistía y de ciertos organismos locales que dicen proteger los derechos humanos. Se trata de actitudes abiertamente inequitativas, más propensas a defender los derechos humanos de delincuentes que los derechos humanos de sus víctimas, por lo regular ciudadanos que caen asesinados como consecuencia de las fechorías de los rateros.

Jamás he visto que Amnistía ni los defensores locales de los derechos humanos hacen relatos tan conmovedores como el del informe “Si no te callas, te matamos”, de reciente difusión en el país.

No obstante he sabido de las súplicas y ruegos de policías y ciudadanos a los atracadores para que “no me maten. Tengo hijos y familias que me esperan…Llévate lo que quieras, pero no me mates”.  Y ni así se compadecen: los acribillan para despojarlos de un arma para seguir atracando; o de un celular, dinero, de simples tenis y hasta de una gorra que luego venden para irse a «chupar», a inhalar drogas o a gozarse el botín en bebentinas… ¿A caso estas víctimas no tenían derechos humanos?

Hay dos subterfugios que esgrimen estos organismos paradelincuenciales en justificación de su actitud inequitativa:

1.- Cuando un Policía o un militar, mientras cumple su función, se ve envuelto en la muerte o asesinato de un auténtico o supuesto delincuente, interviene el Estado. El razonamiento de estos organismos es: “Hay que proteger al ciudadano de la violencia estatal”. 

Empero, cuando en su fechoría un delincuente asesina a un militar, policía o ciudadano, como no interviene la violencia estatal, entonces parecería que “no hay que decir nada”.

 No obstante, es el caso que tenemos un muerto por la violencia estatal y un muerto por la violencia delincuencial: dos vidas, pero aunque a lo mejor una sea más valiosa que otra, ninguna muerte debía producirse.

2.- El segundo subterfugio parecerían resumirlo así: “La delincuencia es el producto de la falta de empleo y de oportunidades para la juventud”.

Entonces digo: es cierto que la falta de empleo y oportunidades para la juventud constituyen dos inductores socioeconómicos pre disponentes o de inducción a la criminalidad, en particular para la juventud.

Sin embargo, de inmediato me pregunto: ¿Cuántos amigos míos y suyos; cuantos dominicanos que conozco y usted conoce nacieron y crecieron en ambientes de graves privaciones, con tantas necesidades básicas insatisfechas que hasta se les dificultaba comer aunque sea una vez al día? Sin embargo, nunca pasó por sus mentes atracar a otras personas ni mucho menos asesinarlas para despojarlas de sus pertenencias. 

Son miles y miles, verdad? Sin embrago, hoy día muchos amigos y conocidos míos y suyos son profesionales destacados, empleados y empleadas públicos o privados, comerciantes, padres y madres de familia ejemplares; ciudadanos y ciudadanas correctos.

Muchos de ellos, incluso, hoy no están entre nosotros porque han caído asesinados, precisamente, por delincuentes que se refugiaron en una debilidad que los primeros supieron convertir en fortaleza para progresar, a fuerza de tesón y determinación.

Así las cosas, mientras Amnistía y los organismos locales de derechos humanos no me demuestren con hechos que les duelen los derechos humanos de las víctimas, simplemente los percibiré así: como organizaciones paradelincuenciales que responden a esquemas y poderes extra nacionales que igualmente se valen del crimen contra otras sociedades para despojarlas de lo que legítimamente les pertenece.

Es decir, obedecen exactamente a esquemas de rateros y atracadores similares a los que ellos defienden.

El Nacional

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