En la lucha política, el dinero no lo explica todo, pero sin dinero no puede explicarse nada. Eso, que parece juego de palabras, pone de manifiesto la realidad de que para activar en el intento por persuadir a través de las ideas, que no otra cosa es la política, se necesitan recursos. En ese sentido, quienes mayores posibilidades tengan de disponer de ellos, estarán en mejores circunstancias para imponerse.

El tránsito hacia el poder en este país, está plagado de inequidades. El acceso a las fuentes de financiamiento es una de sus más importantes expresiones. Esa distorsión tiene causas que la determinan, entre ellas, ocupan lugar cimero el manejo discrecional del presupuesto público por ausencia de una institucionalidad que lo impida; inexistencia de adecuadas leyes de partidos políticos y electoral, cuya aprobación ha sido obstaculizada por quienes tienen control del patrimonio estatal y desean que eso continúe igual; y la falta de imprescindible voluntad política para recurrir a disposiciones constitucionales y legales actuales y futuras y propiciar una competencia con mayor sentido de equilibrio.

No por casualidad los años electorales se caracterizan por un incremento desbordado del gasto público, al extremo de ocasionar en la economía déficits enormes que después del bacanal se intentan superar elevando tasas de figuras impositivas que, por sus características de indirectas en su mayor proporción, generan costos superiores para sectores de menores ingresos, contradiciendo la esencia de lo que debe ser una correcta política fiscal que cargue más a quienes más pueden.

Esas locuras económicas se intensifican cuando los presidentes intentan reelegirse, tal como en su oportunidad lo advirtiera con razón el actual primer mandatario, en lo que para tantos constituyó garantía de que honraría su palabra y no asumiría idéntico camino que quienes han colocado la constitución y las leyes al servicio de apetencias personales, siempre en desmedro de la salud institucional de la nación.

Es lo que se reitera en estos momentos. Basta recordar el dato estrambótico de que en 29 días de febrero, el proyecto reeleccionista gastó, solo en publicidad, 369 millones, casi 13 millones diarios, poco menos de lo que el PLD recibió de la JCE. ¿Quién puede competir en esas condiciones?
Anunciar la suspensión de la publicidad oficial no resuelve el problema y reconoce que sirve para promocionar aspiraciones. De lo contrario, no tendría sentido dejar de hacer lo que debe servir para educar, no para afianzar esta inequidad electoral.