¿Consideran ustedes que la seguridad es un derecho?
Sí. La noción moderna del estado de derecho conlleva como requisito fundamental la garantía de la seguridad democrática. Tradicionalmente se ha creído que la seguridad pública constituye un supraderecho. Pero lo cierto es que constituye un derecho humano más, por no decir el primero, que es el derecho a la vida, aunque sí debe ser garante de ese primer derecho.

Según el profesor chileno Carlos Peña González, En el origen de los Estados modernos existe una paradoja: el Estado concentra la violencia, y de esa forma, es la principal fuente de ella; pero al mismo tiempo intenta eliminarla. Resolver esta paradoja es el principal desafío de las sociedades democráticas. Si los Estados modernos proveen seguridad sin derechos, estos pierden legitimidad, su ventaja moral.

Esa tendencia ciudadana actual de ceder derechos a cambio de seguridad tiene que ver con la neurosis colectiva en que viven las sociedades a causa de la inseguridad mundial que se acrecentó a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Un estado de derecho se debate ante la responsabilidad de garantizar los derechos humanos e inalienables de los habitantes de toda sociedad, pero a la vez, mantener los mejores estándares de seguridad ciudadana.

Es el modelo de policía comunitaria o democrática, y el mismo enfoca sus acciones principalmente a la defensa, la protección y el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

En este nuevo modelo cambian los objetivos fundamentales de los cuerpos policiales como cambian también los objetivos de riesgos y amenazas que se deben enfrentar.

Actualmente, la Policía dominicana está involucrada en un proceso y accionar que responde a una combinación de los procesos de combate a la corrupción interna con sus ramificaciones de profesionalización, haciendo intentos fugaces y quiméricos para mostrar avances a la comunitarización o democratización de nuestros cuerpos policiales y manteniendo una gran incidencia del modelo represivo-militarista, lo que coloca al sistema de seguridad pública en un atraso frente al éxito de las policías modernas.

Hay que enfocar que la única vía para alcanzar las aspiraciones sociales y una democracia plena que defina claramente la garantía del derecho a la seguridad como tal, es a través de la educación y la capacitación de los actores estatales y de los ciudadanos, donde estos últimos reclamen ese derecho sin violentar los demás y así se solidifique el desarrollo integral y humano.

Es indispensable que los ciudadanos se integren al fortalecimiento de un sistema de justicia garantista, que revierta la falta de aplicación de la ley, el desgano de todas las autoridades y de las instituciones que tienen que velar por el desarrollo sostenible del país.