Tácito decía hace más de dos mil años: «Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes.»

Basta ya de leyes y de endurecer las penas, queda claro que los principales problemas dominicanos no están enfocados en nuevas leyes sino en la falta de autoridad y responsabilidad de los actores del sistema justicia y demás funcionarios. Pues nuestra cultura de incumplimiento a la ley, de anomia, donde ningún reo ha cumplido 30 años ininterrumpidos de prisión, es más que suficiente para demostrarlo.

Desde antes de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, sectores de la sociedad se oponían a los cambios y evolución en los procedimientos de justicia. Pero nunca ha sido tan agresiva la oposición como ahora, protagonizada por los demagogos legisladores, quienes manipulan o tergiversan las causales y reales soluciones. Parte de los argumentos son: el incremento de la criminalidad y la alarmante percepción social de la fácil libertad de los acusados.

Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cuál normativa se aplique, se hace evidente que radica en los actores del sistema, quienes escasas veces por no decir en ningún caso persiguen, juzgan y sancionan a los funcionarios corruptos, irresponsables y prevaricadores que están asociados al narcotráfico, al lavado y al crimen organizado. Cabe citar que la justicia dominicana solo muerde a los descalzos.

Pero es indiscutible que han contribuido a la problemática de la inseguridad, el auge del narcotráfico, el microtráfico; el crimen organizado, el consumo de alcohol, el porte y uso de armas de fuego, así como otros fenómenos sociales complejos: la desintegración familiar, la crisis educativa, la falta de oportunidades, el incremento de antivalores ligados al enriquecimiento ilícito y la corrupción con impunidad. Problemática que debe ser prevenida y enfrentada desde los organismos del Estado con políticas públicas coherentes a favor de los mejores intereses de la colectividad, sin exclusión y con equidad.

Es equivocado pensar que una ley es la solución o la fórmula mágica a la criminalidad. Coincido con Finjus en que las leyes no previenen, intervienen.

La Comisión de Ejecución del Código (Conaej), conformada por los principales actores del sistema de justicia dominicano, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y la Fundación Institucionalidad y Justicia, al parecer le ha faltado capacidad de seguimiento y fiscalización a los actores que aplican los códigos.

Si lo que se quiere es modificar por modificar y confundir, entonces implementemos: la independencia del Ministerio Público, aplicación de la criminología, profesionalidad, capacitación de la Policía; así como la definición de sus roles frente a las FFAA, tribunales idóneos, adecuación de la cadena de custodia, sistema eficaz de citación, reducir la rebeldía y la fuga de los imputados; además eliminar el tráfico de influencia, la politiquería en la justicia, acumulación de penas y la falta de equidad en la garantías del principio de defensa, fiscalización de las actuaciones y decisiones de fiscales y jueces.

Es imperativo el priorizar la constitucionalidad en nuestra vida social, revertir el concepto de pedazo de papel que nos han legado nuestros gobernantes y la anomia generalizada; establecer la independencia de los poderes del Estado, redefinir la organización del Estado, hacer preventivo y con igualdad para todos modernizar, democratizar y humanizar el sistema de justicia dominicano.