Como interés de parte de la sociedad y los principales actores del Estado dominicano, por más de una década se ha impulsado y demandado una reforma policial, con el objetivo de dar respuesta y controlar la formación y estructura militarista fruto de las dictaduras y la guerra fría que mantenía la Policía Nacional, haciendo de ella una institución represiva y constantemente acusada de violentar los derechos humanos.

Si bien es cierto que esta reforma se hacía necesaria para disminuir la represión y su carácter militar, ha sucedido algo totalmente lamentable y es que hemos debilitado su fortaleza institucional, descuidando los principios de su doctrina y destruyendo el orgullo de los policías, contribuyendo así al incremento desproporcionado de los crímenes y delitos, y la corrupción en el seno de la institución.

Lo que ha debido hacerse es establecer políticas públicas de seguridad que cubran las ejecutorias de las acciones policiales propias de una institución moderna y profesionalizada acorde a los intereses y necesidades de la sociedad. Además de lograr la definición clara de los ámbitos y funciones de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública que corresponden a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respectivamente, situación que ha traído conflictos institucionales que de seguir as, conllevará a graves consecuencias.

Paradójicamente los principales argumentos utilizados por quienes abogaban la urgencia de una reforma policial se basaron en la eliminación del carácter militar de la Policía, porque entendían que este aspecto representaba un retroceso heredado de la dictadura como parte de sus males estructurales. Sin embargo, resulta inexplicable y alarmante que en la actualidad las funciones propias de la Policía Nacional con relación a la seguridad ciudadana son ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas; y lo más paradójico e incongruente de ello, es que la sociedad y los actores llamados a regular y corregir las fallas del sistema de seguridad pública se muestran indiferentes, pues lo desconocen o no quieren darse cuenta. O sea, lo que ayer era malo por parte de la Policía hoy es bueno por parte de las Fuerzas Armadas.

Tal como apreciara en su reciente visita al país Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista argentino, quien advirtió que corremos el riesgo de quedarnos sin Fuerzas Armadas y sin Policía Nacional, precisamente por la usurpación de funciones.

Lo grave de todo esto recae en que el Estado dominicano está perdiendo la capacidad de defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas, responsables esencialmente de garantizar la soberanía del Estado y la integridad territorial; y por otro lado la Policía Nacional está perdiendo su espacio y su capacidad de cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana, además de pagar los reclamos de la sociedad y principalmente de las víctimas fruto de estos conflictos institucionales que impiden cumplir con su rol. Cabe destacar que la Policía Nacional como institución no ha sabido defender su rol, su espacio institucional y adecuar la preparación de sus miembros acorde a los conflictos sociales y demandas ciudadanas, pues sus principales actores se han empeñado en defender intereses personales y de grupos particulares.