Tal como afirma Franklin Báez Brugal algo que hemos insistido y reiterado, es necesario que todos los actores sociales se involucren en la solución para salvar a la nación de la anarquía, el crimen y la delincuencia, asunto demasiado importante para dejárselo exclusivamente a los políticos.

Establecer límites en lo militar y lo policial en cuanto al desempeño de sus funciones o cumplimiento de sus roles debe estar sustentado en las leyes y las normas que rigen el Estado, especialmente en la constitución y en las leyes orgánicas, pero que lamentablemente en el caso de República Dominicana hasta el momento no están claras la definición y diferenciación de los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional. Ya que no se aclaró en la reforma constitucional pasada.

La actual reforma a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, (FFAA), como de la Policía Nacional, (PN), es oportunidad para dejar claro y acorde a los intereses nacionales y de un Estado de derecho moderno y democrático como lo demanda el momento histórico, la actualidad social, política, económica, medio ambiental, militar y policial del momento.

Esta oportunidad es ideal para fortalecer y actualizar en su marco normativo las instituciones responsables de enfrentar las amenazas a la paz social y al desarrollo económico sostenible que en las circunstancias actuales deja claro que en su mayoría compete a la seguridad interna de la cual la Policía Nacional es el principal actor.

Lo cierto es que los actores del Estado dominicano han permanecido confundidos, ajenos, desinteresados o muy interesados en cuanto a los ámbitos de competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su mayoría los actores políticos, en cuanto a los tres poderes del Estado, han ignorado o desconocido la realidad de estas instituciones, pues los nuevos escenarios geopolíticos, los cambios y retos de la seguridad tanto nacional como internacional demandan una visión moderna de una normativa correcta, propia, actualizada y de políticas públicas que se correspondan con las necesidades e intereses nacionales, dejando de lado los intereses particulares y de grupos.

De no dejar claras las bases legales en la diferenciación y limitación de competencias en los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional estaremos expuestos a un retroceso o estancamiento frente a la actualidad mundial en lo que respecta a estos temas. En esta entrega no hemos querido entrar en detalles de conceptualizaciones, ya que son temas que hemos debatido anteriormente, y aprovechamos para invitarles a retroceder en mi cronografía de escritos.

Es necesario que todo el Estado y los demás sectores sociales se aboquen a la discusión y el escrutinio público de estos temas, para terminar con la exclusividad y ampliar la participación y el libre juego de las ideas como fortalecimiento del sistema democrático en República Dominicana. Es adecuado el momento para que estos errores tradicionales heredados de las dictaduras, de la Guerra Fría, la mediocridad profesional y de las debilidades de nuestro sistema democrático queden enmendados definitivamente acorde a los avances de la humanidad.