Juan Tomás Taveras
MAyor General (R) P.N

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Reflexión sobre la sentencia del TC

Mi opinión sobre el debate y controversias que ha generado dicha sentencia en cuanto a la concesión de nacionalidad dominicana y que su aplicación compete en su mayoría a los descendientes o inmigrantes haitianos, es la siguiente: considero que para que una persona sea signataria de derechos debe tener una identidad y residir o estar en tránsito de manera legal, nadie en la ilegalidad o sin identidad es ente de derecho, “no nace una legalidad de la ilegalidad” es el principio de legalidad, voluntad de la ley y su jurisdicción se sobrepone a la voluntad y ambiciones de las personas. Por esta razón es obligatorio y correcto que se auditen todos los habitantes sin papeles o indocumentados que se encuentren en la República Dominicana sin importar su descendencia u origen de Estado o país.
Apoyo “la sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0168-13”, y apoyo la decisión del gobierno de acatar dicha sentencia del alto tribunal constitucional, así como su compromiso con respecto de la creación del Consejo Nacional de Migración, que en un plazo no mayor de 60 días, deberá elaborar el Plan de Regularización de Extranjeros, también el informe correspondiente a la Junta Central Electoral (JCE), que deberá entregarse en 30 días.
Nuestras autoridades han sido irresponsables e incapaces de cumplir con la organización avanzada de nuestra sociedad como Estado moderno, de lo cual muchos gobernantes alardean con demagogia y mentiras, pues eso es una aspiración por concretarse aún.
En tal sentido no sabemos a ciencia cierta cuantos habitantes residen en el territorio dominicano, lo que ha provocado que hoy día existan tres problemas: 1) la invasión pacífica de haitianos y descendientes sin ninguna documentación; 2) la gran cantidad de delincuentes internacionales procedentes de las mafias más peligrosas del mundo, que operan en nuestro país y que constituyen una amenaza transnacional y 3) un porcentaje considerado de dominicanos sin documentar.
No se ha considerado en los debates un punto importante, y es el hecho de que independientemente de la condición humana que debemos respetar y proteger por encima de todas las cosas, debemos estar claros que las sociedades se fundamentan en su constitución, las leyes y demás reglamentos que dan lugar al Estado de Derecho, y que las denomina como sociedad organizada y civilizada.
Aclarado esto, todos los habitantes residentes en el territorio dominicano debemos cumplir con esas normativas citadas. Y todo aquel que no esté debidamente regularizado o legalizado en el país, está amenazando o desafiando nuestro Estado de Derecho y la seguridad en general. Lo planteado no quiere decir que le quitemos la nacionalidad al que le corresponda (por la circunstancia que sea). Pero sí es obligatorio que se respete la legalidad de cada habitante y nuestra jurisprudencia.
Dejemos de lado el racismo, el antihaitianismo, las controversias, el oportunismo y enfoquemos en el problema. El problema real son los millones de indocumentados haitianos que residen en la República Dominicana, y a esto podemos sumarle los delincuentes internacionales, no haitianos necesariamente, que amenazan la paz, nuestra seguridad nacional y por ende nuestra soberanía.