No importa quién nos gobierne, el pueblo es el soberano (pero lo ignora, no le interesa ejercer su soberanía o la cede por una dádiva o estafa), debemos despertarlo e indignarlo para que se haga consciente de ese poder. El ejercicio es empoderarse para desplegar la soberanía como le corresponde, así obligar a los políticos que ocupan las funciones, sean electos o designados, a cumplir y hacer cumplir la ley. Sobre todo a respetar y defender el erario, como lo juran.

Nos unimos y recomendamos lo planteado por Guillermo Carán quien afirma: que existen 185 consejos en el Estado dominicano, y propone que se reduzcan. Los consejos son: 47 consejos nacionales; 31 adscritos a organismos de la Presidencia de la República; 16 en el Ministerio de Industria y Comercio; 16 en las Fuerzas Armadas; 2 en la Procuraduría General de la República; 1 en el Ministerio de Administración Pública; 13 en el Ministerio de Agricultura; 10 en el Ministerio Hacienda; 12 en el Ministerio de Obras Públicas; 8 en el Ministerio de Trabajo; 7 en el Ministerio de Interior y Policía, entre otros.

Certifica que con su propuesta se ahorrarían más de 100 mil millones, yo le sumo a eso, la eliminación de los puestos y asesores inoperantes en las diferentes carteras, de igual manera, es un deber patrio, renegociar los contratos del estado que no son justos ni legítimos y en su mayoría perjudican los intereses estatales que beneficiarían a las grandes mayorías.

Por otro lado, urge eliminar los subsidios o exenciones tributarias, pues como han afirmado los especialistas económicos, el estado regala 118 mil millones cada año con la penosa experiencia de no dejar ningún resultado real a favor de los ciudadanos; cuando no hay garantía de obtener un resultado al desarrollo, la productividad, el incremento del empleo, mejores salarios, calidad de productos, entre otros beneficios, no tiene sentido conceder subsidios. Esta sería la mejor reforma fiscal. Claro con fiscalización y transparencia estricta en la ejecución y uso de los recursos públicos.

Así también se hace necesario recuperar lo robado por funcionarios y sus socios del sector privado, a través de negociaciones corruptas que aun están impunes, por lo que hay que juzgarlos y sancionarlos drásticamente. El artículo 75 y el 146 de la Constitución obligan a luchar contra la corrupción y proteger el erario o recursos públicos. De igual manera, manda a proteger y defender un ambiente sano, a propósito de los contratos mineros.

Me sumo e invito a todo ciudadano sin duda de su honestidad y valentía, a sumarse a la lucha en contra de la corrupción y el despilfarro en la administración pública. Tomamos la palabra de nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, para apoyarle y a vez ser vigilantes, veedores, para que se cumpla el ejercicio ético y moral en la gestión pública.

Por último, quiero llamar la atención al doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), quien se burla de su puesto. Le recuerdo que él cobra como servidor público y vemos que se olvidó y sigue ejerciendo como abogado.