A propósito del llamado a desarme de la población

Dice el jurista Ángel Monero, que “nuestra crisis es fomentada con conciencia de clase dominante. Los comehaitianos son los empleadores explotadores de haitianos, los persecutores y críticos de la droga la patrocinan, y los persecutores del delito se asocian con los delincuentes. O sea, que la criminalidad es un acto propiciado por el Estado y sus principales actores para mantener su estatus”.

Como funcionario de policía fui un hombre de armas y uniforme por 27 años. A pesar de ello, no creo en las armas ni en el uso de su fuerza, excepto en casos de necesidad inminente. Sin embargo, si nos enfocamos en el contexto general de la población, considero un error y no oportuno el llamado al desarme de la población por parte del ministro de Interior y Policía, y que cabe señalar que no es la primera vez que se plantea el tema, incluyendo a otros funcionarios.

Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos el porqué de escuchar constantemente anuncios de las autoridades a través de los medios sobre acciones que están contenidas entre sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente la recordaran.
Definitivamente, nuestras autoridades son muy caras e ineficientes, pues es evidente que no cumplen y los roles del Estado están invertidos con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y la aplicación de la ley con autoridad, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.

Las necesidades básicas son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales, y de los cuales la seguridad es uno, y es el más demandado por la población, siendo el control de las armas legales e ilegales parte de esta responsabilidad del Estado.

Una vez resaltado que la seguridad es un derecho humano, si los gobiernos y demás autoridades no dan cumplimiento a ese derecho son entonces incapaces, o mejor dicho, irresponsables, y entonces cada quien tiene el derecho de protegerse por sus propios medios.

Parecería que dichas autoridades estimulan la ilegalidad y descontrol de las armas blancas y de fuego al permitir tantas contradicciones e ineficacias por parte de sus funcionarios que, para colmo, viven distrayendo con propagandas y simulaciones.

A los gobiernos, con sus presidentes y demás funcionarios del Estado a la cabeza, corresponde garantizar la seguridad de la población y sus propiedades; igualmente prevenir, regular y controlar lo referente a las armas, tal como manda la Ley 36, es compromiso, es juramento por parte de las autoridades del Estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte y tenencia de armas ilegales, y por el tráfico de las mismas.

Por mi parte las consideraciones al respecto, y en conclusión: es evidente que la prohibición de importación de armas favorece el tráfico y trasiego de armas ilegales, estimulando la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad en general.

Al mismo tiempo perjudica a los comerciantes legitimados, al fisco y sobre todo aumenta la inseguridad para la población honesta y trabajadora que está cada vez más amenazada, dificultando protegerse por sus propios medios legalmente.
Dios les bendiga siempre, pueblo dominicano.