Si se trata de los aliados o de quienes se han puesto a su disposición, tiene razón el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al decir que la sociedad entiende su esfuerzo contra la corrupción a propósito del expediente sobre los sobornos pagados por Odebrecht. Porque de otra manera hasta a Stephen Hawking, con toda y su teoría sobre el agujero negro, hubiera tenido que pedir explicaciones para asimilar el esperpento con que se ha despachado el Ministerio Público.

Para comenzar, es inconcebible que a partir de 2012 no exista un solo imputado, a menos que se le quiera atribuir toda la responsabilidad al senador Tommy Galán, cuando el propio consorcio reconoció que los 96 millones de dólares en sobornos los había repartido entre 2001 y 2014. Que entre los acusados tampoco haya ningún diputado, aunque los contratos de préstamos tenían que ser aprobados por las dos cámaras legislativas, es otro aspecto que cuesta asimilar.

El problema, por demás, se plantea en la relación entre las exclusiones y las inclusiones. No deja de llamar la atención que la investigación detectara vínculos con Odebrecht de dos expresidentes del Senado pertenecientes a la oposición, Jesús Vásquez y Andrés Bautista, pero que desde 2006 a la fecha Galán sea el único legislador oficialista vinculado a la práctica corrupta. Con razón dice el congresista que se le ha utilizado como chivo expiatorio.

El caso de Bautista, quien según el procurador incrementó su patrimonio en 1,099 millones por los sobornos que recibió por los préstamos que se aprobaron para el acueducto de la Línea Noroeste y la hidroeléctrica de Pinalito, es muy llamativo.

Resulta que sobre la presa, que se ejecutó tras el retorno al poder en 2004 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no hay ningún otro acusado.

Se puede advertir con facilidad el parelelismo en cuanto a que en unos casos lo importante era la aprobación de los contratos de los préstamos y en otros la ejecución de las obras. Al exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez, y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se les imputa por las supuestas comisiones para las realizaciones.

Sin necesidad de establecer comparaciones con los procesos en otros países a raíz del mismo escándalo, sino limitándose a las especificidades, deja mucho que desear la alarmante diferencia entre las cantidades que habrían recibido los imputados y el monto de 92 millones de dólares que pagó Odebrecht.

Si algo entiende la sociedad son los esfuerzos del procurador de politizar un proceso que representa la mejor oportunidad para dar un ejemplo contra la corrupción.