Hoy se cumple un año de la tragedia del Jet Set, y ha sido un año donde se ha hecho muy visible la gravedad del hecho vista desde los ojos de la ciudadanía y como esta contrasta con lo muy poco que el Estado dominicano ha podido responder ante la misma. La falta de respuestas rápidas adecuadas ante eventos de esta naturaleza no es particularmente extraordinaria, pasa hasta en las sociedades más desarrolladas, pero luego de un año ya es tiempo de que empecemos a ver acciones más concretas para resarcir el daño provocado y mitigar los riesgos de que algo así vuelva a repetirse.

No deseo disminuir las acciones inmediatas tomadas por el Estado ante la tragedia. La respuesta de los equipos de rescate en su momento fue ejemplar y debe ser motivo de orgullo a todos los que participaron en ella, por igual el soporte inmediato a las víctimas y familiares a través de la intervención sociofamiliar ejecutada por múltiples entidades del Estado fue una luz en uno de los momentos más oscuros de nuestra nación. Pero debimos tener claro como país que las heridas de esa tragedia iban a ser enormes, y que todo eso, aunque extremadamente valioso en su momento, no iba a ser suficiente.

El primer punto de partida debió haber sido un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado de lo ocurrido. Indistintamente de la responsabilidad penal perseguida contra Maribel y Antonio Espaillat por parte del Ministerio Público, el Estado debió reconocer su responsabilidad por no haber tenido los controles adecuados para evitar que algo de esa magnitud ocurriera. Sea por falta de base legal, asignación de roles, definición de responsabilidades, incumplimiento de lo poco que existiera, o por falta de presupuesto, la omisión estatal que permitió que un establecimiento que albergaba a más de 300 personas colapsara, debió ser reconocida, y entendiéndose esa gravedad se debió actuar.

Una vez reconocida la responsabilidad del Estado (Gobierno, Congreso, Alcaldía y el Poder Judicial) se debió crear un fondo de indemnización para los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes, que en el curso de este tiempo estuviera definiendo la forma adecuada de resarcir los daños a todas las víctimas. Más aún, pasó un año y aún no tenemos una reforma legislativa que designe roles y responsabilidades claras en la supervisión continua de todas las edificaciones que lo ameriten por su capacidad, no solamente para las que se encuentren en proceso de construcción.

Por su lado el Ministerio Público le ha dado un trato al caso del Jet Set como si fuera una más de sus cacerías agotando el mismo guión predecible, solicitando prisiones preventivas, solicitando declaratorias de caso complejo, y el mismo blah, blah, blah que le suele dar largas a lo que no lo amerita. Mientras tanto en ningún momento este públicamente ha manifestado su interés de definir un responsable de la supervisión y definir una acción penal por esa omisión, sea en el Gobierno Central o en la Alcaldía.

No dudo por un segundo que todos y cada uno de los que vivimos en este país, dentro y fuera del Estado, comprendemos la gravedad de lo que ocurrió el pasado 8 de abril, es un día que de una forma u otra todos llevamos marcado.