SANTIAGO. Se trasladó la mañana de este miércoles a esta ciudad el reclamo de jueces al Congreso Nacional, para que apruebe el monto sometido por el Consejo del Poder Judicial y que debe ser consignado en el presupuesto general de la nación para el próximo año.

Par tal fin, la Asociación de Jueces Independientes de la República Dominicana dio a conocer un documento entregado el pasado lunes en la presidencia de la Cámara de Diputados, que conocerá este miércoles la pieza presupuestaria sometida por el Poder Ejecutivo, que dispone una partida de un 4.10 por ciento de los ingresos que recibirá el Estado el año próximo.

De ese monto, el 65 por ciento corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y el 35 restante a la Procuraduría General, lo que representa una asignación de 11 mil, 459 millones de pesos.

Los servidores judiciales se congregaron en la parte frontal del palacio de justicia, encabezados por la magistrada María Sosa, juez de la Corte de Trabajo.

La partida presupuestaria solicitada asciende a 6 mil 039 millones de pesos y, según la vocero de los reclamantes, con el pedido en cuestión se identifican sectores representativos de la nación que requieren que el Poder Judicial responda al ideal constitucional de un Estado social y democrático de derecho, donde prime la seguridad ciudadanal.

Agregó que, aunque la ley reserva un presupuesto para el Poder Judicial de más de 11 mil millones de pesos para el 2012, los jueces estiman que con los 6 mil millones se pueden satisfacer por el momento las necesidades básicas de este poder del Estado.

La magistrada Sosa dijo que esos recursos económicos son necesarios para que el Poder Judicial continúe su fortalecimiento y así brindar con eficacia el servicio que demanda una sociedad del siglo 21 y, en consecuencia, poder superar las actuales circunstancias de la puesta en funcionamiento de tribunales creados por ley.

Por igual, se evitarían la limitación de servicios básicos para la población, la paralización de la reparación de locales donde funcionan tribunales, las limitaciones para pagar el alquiler de alrededor de 130 locales.