El 97% de los salamis que consume la población no es sólo bajo en proteínas, lo que de por sí es ya un signo de alarma, sino que para colmo de males están contaminados con coliformes fecales (una consideración para no llamar las cosas por su nombre). Pero el revuelo que ha motivado la intervención de las autoridades superiores, porque República Dominicana no es China, Estados Unidos o Venezuela, ha sido porque las ventas de embutidos se han desplomado, dejando grandes pérdidas a los productores; y la objeción, que el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) ha debido ser más específico en la revelación.

Hasta el presidente Leonel Fernández, que en principio se había identificado con la eficiente labor de Pro Consumidor, ha asumido una actitud que, por conciliatoria, no dejar de ser ambivalente. En el afán por apaciguar la tormenta que ha evidenciado la desprotección de los consumidores se ha planteado la posibilidad, a propósito acusatoria e incriminatoria, de que, como ocurre con los medicamentos, se vendan productos procesados en fábricas clandestinas, que escapan a los controles sanitarios. ¡Cuánta ironía! Suerte, después de todo, que en esta ocasión los culpables no han sido los propios consumidores por no averiguar antes de adquirir cualquier producto. O simplemente por exceso de confianza. El caso es que cuenta más que las ventas se hayan caído que el engaño a los consumidores con un artículo que no reúne los estándares necesarios. Y lo criticable que Altagracia Paulino, una funcionaria responsable, que juega el papel que le corresponde, debió ser más específica, o, lo que es lo mismo, separar el grano de la paja. Aunque pudiera haber sus excepciones, ¿por qué no?

A la estafa y exposición de que son víctimas los consumidores hay que buscarle la vuelta, pues hay muchos intereses en juego. La suerte de la población, que es lo que está en juego, ha pasado a ser secundaria, algo de lo que, en honor a la verdad, nadie ha debido sorprenderse, porque, en definitiva, esa es República Dominicana, una nación donde los ciudadanos están clasificados y, por ende, la infracción no se determina por burlar las reglas, sino por quién lo haga.

Pero, con todo y todo, es de mucho consuelo que se pueda contar con una funcionaria y ciudadana como Altagracia Paulino, capaz de asumir sus responsabilidades sin temor alguno. Por su dimensión, el escándalo del salami contaminado, que tampoco es poca cosa, es lo que ha captado la atención pública, pero también ha de reconocérsele a la funcionaria el tenso pulso que ha librado incluso con sectores de poder para que se transparente la distribución de gas licuado de petróleo.