La sobrepoblación carcelaria en los centros de viejo modelo penitenciarios, principalmente el de La Vitoria, es producto de falta de traslados de los reclusos por parte de las autoridades penitenciarias, de citación y de aplazamiento innecesario que solicitan abogados de la defensa, afirmó hoy el expresidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional y actual juez de la Corte de Apelación, Teófilo Andújar Sánchez.
En la cárcel de La Victoria se instauró un proyecto de realizar audiencias en una furgoneta establecida en las instalaciones del complejo penitenciario con el propósito de descongestionar ese centro, pero el mismo fracasó, porque a pesar de que el tribunal estaba operando ahí mismo, no llevaban a los imputados, explicó el juzgador, quien cada semana realizaba tres y cuatro viaje a esa cárcel a notificar actos.
Refiere el juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que de cada diez audiencias, siete se suspendían por falta de traslado, lo que llevó al fracaso la iniciativa tendente a despoblar de internos La Victoria, donde el 58% de los presos son preventivos.
Estas audiencias se celebraban martes, miércoles y jueves, con la presencia de jueces, fiscales y abogados, pero no trasladaban a los internos por supuesta negligencia de las autoridades competentes y por los constantes aplazamientos innecesarios solicitados por sus abogados.
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Cree que la sobrepoblación carcelaria se incrementó luego de la salida del magistrado José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional hacia el Tribunal Constitucional, porque era quien más conocía audiencias y, por consiguiente, dictaba más órdenes de libertad.
Siendo presidente de la Cámara Penal de Distrito Nacional, Andújar se empoderó para descongestionar ese centro penitenciario, pero le escondían los presos los jueves cuando iba a notificar los actos de acusación, fijación de audiencias, de apertura a juicio preliminar, fijación de audiencia de fondo, de incidentes, de orden de pruebas, así como los recursos de apelación y casación.
El proyecto, que estaba en su último aliento de vida, colapsó con la pandemia del Covid, y hasta el tres de enero del 2021, los casos que se conocían correspondían al mismo año, pero después se incrementó el número de presos preventivos.
