Los centros de privación de libertad (cárceles) no deben estar bajo la custodia de policías ni militares, sino por un cuerpo especial entrenado, integrado por profesionales de la conducta y educadores, sostiene el magistrado y profesor de derecho penitenciario, Rafael Báez.
A propósito de la corruptela denunciada en la cárcel La Victoria, en contubernio con las autoridades policiales y militares, que alegadamente permitían la entrada de armas y drogas a ese recinto a cambio de dinero, el exjuez de Ejecución de la Pena, ascendido a la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN cree que una de las debilidades del sistema ha sido asignarle a los cuerpos castrenses la vigilancia de esos centros de reclusión.
“Nuestros guardias y policías están para mantener el orden en las calles, sobre todo los policías, que están para vigilar la ciudad, no para cuidar ni dar seguridad a los centros de privación de libertad”, consideró el tratadista en materia penitenciaria.
“Ese es un problema muy viejo. Hemos tenido algunos avances con la creación del modelo que avanzó mucho tiempo, pero con un proceso con ciertas debilidades por lo costoso que era para el Ministerio Público asumir el pago de salarios adecuados a los operadores y tener la batería de profesionales que demanda, el cuerpo médico, de psicólogos, psiquiatra, de orientadores y de trabajadores sociales que prevé la ley”, argumento Báez.
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