La jueza especial de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia deberá examinar la calidad de las pruebas de la investigación hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra los miembros de la Cámara de Cuentas y conocer de la medida de coerción que solicite el órgano acusador.

La magistrada María Garabito Ramírez también tendrá a cargo ordenar las diligencias procesales y resolver todas las cuestiones e incidentes que puedan derivarse de la investigación.

Los juristas Carlos Salcedo y Carlos Balcácer explicaron que dicha juzgadora deberá conocer el proceso de investigación, de las garantías del proceso de todas las instrucciones de peticiones, diligencias de investigación.

También deberá conocer de la audiencia preparatoria de la parte intermedia del proceso penal para decidir sobre el envío o no a juicio de las personas imputadas.

“Esa jueza determinará cuáles son las pruebas que tienen calidad evidenciarias para entrar al proceso porque reúnen las características de relevancia, pertinencia y utilidad para el proceso”, explicó el jurista Salcedo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, designó a María Garabito Ramírez, jueza miembro de la Segunda Sala de este alto tribunal, acogiendo así la solicitud realizada por el procurador adjunto titular de la PEPCA, Wilson Camacho, quien hizo tal petición a las 4:33 de la tarde del mismo día.

La designación de la magistrada Garabito Ramírez tiene la finalidad de resolver todas las cuestiones e incidentes que puedan derivarse de la investigación iniciada por la PEPCA contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

En virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley 156 de 1997, es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución.

La PEPCA había depositado una instancia ante la Secretaría General de la Suprema Corte Justicia, la cual establece que los investigados tienen el privilegio de jurisdicción amparados en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.

UN APUNTE

Integrantes
Los integrantes de la CCRD son Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes tienen privilegio de jurisdicción.