El mensaje de este lado del Atlántico sobre la independencia de la justicia española no puede ser más sonoro con el proceso por evasión fiscal de la infanta Cristina en un expediente de corrupción que tiene a su marido entre los principales acusados. La Fiscalía y el Ministerio de Hacienda trataron en vano de evitar que la hermana e hija de reyes se sentara en el banquillo de los acusados, sino que se le sancionara con medidas administrativas. Pero los jueces, en una decisión que enaltece la justicia española, acordaron que Cristina, de 50 años, debía ser juzgada bajo las pruebas presentadas por el grupo anticorrupción “Manos Limpias”.
Se le acusa de no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma propiedad de su marido, Iñaki Urdangarin.
El proceso contra la Infanta, que por estos predios es impensable por la impunidad que campea, representa uno de los avisos más contundentes de que en España la ley debe ser igual para todos.
El Nacional
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