Temas que no se suponían en agenda brotaron como sanción a prácticas fomentadas por el Gobierno en la cumbre de las fuerzas vivas. Puede darse por descontado que no pasarán planteamientos como la eliminación del transfuguismo, ni se evitará el uso de los recursos públicos en las campañas, pero quedarán como expresión hasta de desahogo, si se quiere, sobre maniobras que se atribuyeron al Gobierno para consolidar la reelección del presidente Leonel Fernández. Aun queden en el aire no se podía desperdiciar la oportunidad para exponer lo que se sentía.

Los casi mil acuerdos dicen bastante sobre lo que desea un sector importante de la sociedad. Que el Gobierno no le haga caso es otra cosa, pero a partir de las propuestas sabe cómo piensan incluso prominentes aliados. A todo, lo más relevante ha sido la conversión en ley del proyecto que convoca la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, que Fernández, a fin de despejar reservas y enviar un mensaje alentador, se había comprometido a aplazar para después del 27.

Con un Congreso a sus órdenes la decisión sobre la reforma generó aplausos e incluso propició que entidades como Participación Ciudadana, el Centro Juan Montalvo y la asociación Dominicana de Profesores (ADP), se integraran a los debates. No se sabe ahora cuál será la actitud de esas organizaciones después de la Cámara de Diputados darle pa´lante a la modificación de la Constitución.

Pero es incuestionable que, con todo y que estaba pendiente de una lectura, la convocatoria de la Asamblea Nacional deja muy mal parado un encuentro que desde temprano exhibe señales ominosas. Primero fueron las contradicciones en torno a una posible revisión del Presupuesto y luego las condicionantes para ejecutar los acuerdos.

En medio del trastorno económico y de expectativas que ha comenzado a sentirse sobre el país, la verdad es que lo que menos conviene a todos es que se agrave la crisis de credibilidad. Si el Congreso desacató lo que trascendió como la primera medida positiva de la cumbre no hay que hacerse mayores ilusiones. Y menos esperar que las cámaras legislativas anularían el célebre barrilito que facilita a algunos legisladores disponer de alrededor de dos millones de pesos mensuales para fomentar la lacra del clientelismo político.

De hecho, los secretarios de la Presidencia, de Planificación y de Hacienda han adelantado, algunos con argumentos pueriles, que para el Gobierno sería muy difícil cumplir con el 4% de ley para educación y el 10% para los cabildos. Si la Suprema Corte de Justicia no ha bailado se debe a la subordinación de sus jueces ante el Ejecutivo. Si la cumbre termina sin pena ni gloria, se estaría fomentando un nefasto precedente. En momentos de incertidumbre lo que menos conviene es que se afiance la crisis de credibilidad y de principios.

De todas formas, aunque sólo se cumpla lo que convenga al Ejecutivo el tardío juicio al proceso electoral refleja que no todos están de acuerdo con que los recursos del poder se utilicen para resarcir lealtades y perdonar incluso actos de corrupción o desfalcos al erario.

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