Justamente mañana 21 de diciembre se conmemora el primer año de la divulgación mediática del caso Odebrecht en América Latina, incluyendo nuestro país. En mi columna anterior, analicé la perspectiva del mayor caso de corrupción en República Dominicana, sin que hasta el momento, se conozca la verdad.

Perú sigue dando lecciones al mundo. Posiblemente, su actual presidente PPK se convierta en el acusado de mayor rango en ser procesado por haber recibido dinero de Odebrecht cuando era funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, a través de empresas particulares. PPK se une a la lista de sus anteriores cuatro presidentes que están cuestionados: Fujimori y Humala, presos; Toledo, prófugo; y García, investigado.

PPK enfrenta incluso un proceso de vacancia, que no puede ser confundido con el juicio político. La vacancia es un procedimiento establecido en el artículo 113 de la Constitución de Perú que permite una especie de “fast-track” o vía rápida para la destitución del presidente sobre la base de la existencia de su muerte, permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, renuncia, salida del territorio nacional sin permiso del Congreso, o su destitución luego de ser sancionado por algunas de las infracciones contempladas en la misma Constitución.

En Perú, solo se ha aplicado el proceso de vacancia contra Alberto Fujimori, meses antes de que éste viajara a Asia, y luego se quedara en Japón, enviando su renuncia, por lo que no se resolutó la vacancia del poder. De manera que, en el caso de PPK, se enfrentará a la primera vez en la que se aplicaría la vacancia constitucional.

Llama la atención que Perú no firmó un acuerdo de impunidad como el que suscribió el gobierno dominicano. Mientras en el país, Odebrecht no puede ser investigada ni tampoco pueden ofrecer declaraciones ante los tribunales, en Perú, sí hay una real investigación, incluyendo contra los consorciados, es decir, los socios de Odebrecht, que sí están incluso detenidos bajo investigación.

Igualmente ocurre lo mismo en Ecuador, en donde el vicepresidente Jorge Glas, es hasta ahora el más alto cargo latinoamericano condenado de enriquecimiento ílicito por el caso Odebrecht. Lo que sí demuestran Perú y Ecuador, y por supuesto Brasil, es que son países que tienen fuerte institucionalidad, con respeto a la independencia del Poder Judicial, clave para el esclarecimiento de la verdad.