En los últimos días la indexación de los salarios es el tema de debate en la República Dominicana. El concepto, en principio, parece razonable. Ajustar automáticamente los sueldos según la inflación, para evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se erosione más con el paso del tiempo.

Sin embargo, detrás de esta aparente medida de justicia económica, muchos sospechan que se esconde una estrategia del sector empresarial para desviar la conversación del tema realmente urgente: un aumento salarial general y sustancial.

La indexación, si bien protege parcialmente los ingresos ante la inflación, no corrige la desigualdad estructural del mercado laboral dominicano.

En un país donde los salarios mínimos siguen muy por debajo del costo real de la canasta básica los trabajadores seguirían ganando poco, solo que perderían poder adquisitivo un poco más lentamente.
Las sospechas hacia el empresariado no son infundadas. Promover la indexación puede ser una jugada política y económica inteligente ya que se proyectan como defensores de la estabilidad y la “racionalidad económica”, mientras evitan una discusión más profunda sobre la redistribución de la riqueza y la productividad.

Al mismo tiempo, desactivan la presión social por un aumento salarial general, presentando la indexación como una “solución técnica” y no como una decisión política.

Por supuesto, la indexación puede tener un rol positivo si se complementa con políticas de aumento real de los sueldos y mayor formalización del empleo. Pero, si se convierte en el único mecanismo de ajuste, será poco más que un parche tecnocrático que beneficia más a las empresas que a los trabajadores.

El debate sobre la indexación no debe ser un sustituto del debate sobre los salarios dignos. Si el país aspira a una economía más justa, la conversación no puede girar solo en torno a porcentajes y fórmulas, sino a la dignidad del trabajo y la equidad en la distribución de los frutos del crecimiento.