Hay casos que sacuden a un país completo. La muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, es uno de ellos. No es solo una tragedia en una piscina; es la pérdida absurda de una estudiante meritoria, cuya familia ha denunciado que sufría bullying por su origen y color de piel.

A casi tres semanas de los hechos, sobran las preguntas y faltan las respuestas. El centro recreativo no cumplía requisitos básicos de seguridad y fue clausurado por las autoridades. El colegio organizó un pasadía para decenas de estudiantes con una supervisión cuestionada y sin los permisos adecuados del Ministerio de Educación. Mientras tanto, la familia aún pide algo elemental: una explicación clara de qué pasó con su hija.

En medio de ese dolor, el silencio resulta insoportable. El comunicado emitido por el colegio, llega tarde y dice poco. No basta con hablar de “accidente lamentable” y escudarse en la investigación. Un centro educativo que se ancla en la confianza y el esfuerzo económico de las familias, tiene la obligación moral de dar la cara, acompañar a los padres, asumir responsabilidades y revisar a fondo sus protocolos.

Este caso también desnuda un problema más profundo: estamos criando generaciones expuestas a la violencia cotidiana, al acoso entre pares, a la deshumanización del que es distinto. No podemos mirar hacia otro lado. Educar en empatía, respeto y cuidado del otro no es un lujo; es una urgencia nacional si no queremos más tragedias evitables.

Si hubo menores cuya conducta contribuyó a esta tragedia, sus familias también deben enfrentar la situación con transparencia ante las autoridades. En cuestiones tan graves como esta, nadie puede ser protegido por su apellido, por sus relaciones ni por su poder. Cuando se trata de la vida de una niña, el único lado correcto es el de la verdad.

Las autoridades han anunciado que las investigaciones se están reforzando. Esa es una señal positiva, pero no suficiente. La sociedad dominicana espera una respuesta seria y completa: qué ocurrió, quién falló, qué sanciones corresponderán y qué cambios se implementarán para que esto no vuelva a suceder.

Porque aquí no se trata solo de un expediente más. Se trata de enviar un mensaje claro: en República Dominicana no puede haber impunidad cuando se rompe el proyecto de vida de una niña. Justicia para Stephora es justicia para todas nuestras hijas e hijos, y un recordatorio de que cada vida que confiamos a un aula merece protección.

Por: Orlando Jorge Villegas
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