Un artículo publicado en el diario español “El Mundo”, titulado “La politización de la Justicia: la vida sin Montesquieu” (12/12/2015), de Joaquín Manzo, analiza como en España, desde el momento en que se le eliminó a los jueces la facultad de escoger la totalidad de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial, se inició el proceso de politización de la justicia. Guardando las distancias, lo mismo ocurre en nuestro país desde la reforma constitucional de 2010.

En 2010, los avances que había experimentado la justicia dominicana retrocedieron a la época de 1978, cuando justo antes de abandonar el poder, el entonces presidente Balaguer maniobró para mantener la mayoría en el Senado para así poder nombrar los jueces, mecanismo que se mantuvo así hasta 1994. Fue en ese año, cuando gracias a la visión de José Francisco Peña Gómez que se logra reformar la Constitución, y se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, con la facultad de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y se aprueba la Ley de Carrera Judicial.

Fue ese Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por la representación de las fuerzas políticas que designó la Suprema Corte de Justicia que tomó posesión en 1997, iniciando la primera ola de reformas judiciales. Este alto tribunal tuvo sus luces y sombras, pero, sin dudas, impulsó su credibilidad. Estos avances se detuvieron y retrocedieron con el control total asumido por el PLD, mediante su “traje a la medida” en la reforma constitucional de 2010.

Este “traje a la medida” permitió que el PLD, el de ayer y el de hoy, controle todos los poderes del Estado, especialmente la justicia, lo cual se ha reflejado en blindar la impunidad y no sancionar la corrupción, provocando tráfico de influencias y sobornos. Así ha llegado hoy la crisis a la justicia dominicana, con la pérdida de su credibilidad, salvo honrosas excepciones. ¿Pueden convocar a cumbres y foros sobre la justicia quienes han sido los responsables de su descalabro institucional? ¿Será esa cumbre otro maquillaje más?.

El primer desafío que tiene la justicia dominicana es recuperar su independencia su autonomía. Que Montesquieu vuelva a estar presente en los tribunales con su obra “El Espíritu de las Leyes”. Las elecciones de mayo nos asegurarán que el nuevo gobierno pueda impulsar ese pacto político por la justicia. Ese es el compromiso de los dominicanos que queremos el cambio político, para rescatar la credibilidad de la justicia.