Todo el que llega al poder tiene una deuda con la sociedad y se paga con la independencia y la imparcialidad”, palabras de Miriam Germán, jueza de la Suprema Corte de Justicia, quizás, la representación en palabras de lo que hoy requiere uno de los poderes del Estado para fortalecer las instituciones: independencia e imparcialidad. Es lo que más escasea desde el momento en que las Altas Cortes están controladas por el PLD.

Desterrar la política de la justicia es el reto. Significará romper con el diseño constitucional hecho a la medida de los intereses del PLD, y que se evidencia con la realidad de que el partido oficial ha blindado la justicia para garantizar la impunidad de sus funcionarios acusados de corrupción. Solo observar cómo Panamá, Perú y Haití han abierto investigaciones contra personeros del PLD por financiamiento de campañas, y sin embargo, la justicia dominicana decidió rechazar esas investigaciones. Algo huele mal.

Paralelamente, la vigilia de los jueces en reclamo del 2.66% del presupuesto pone al desnudo las precariedades del sistema, y confirma la visión autoritaria de la cabeza del sistema al desautorizar la referida protesta. Es como si volviéramos al pasado, pero afortunadamente la dignidad se hizo presente, y los jueces protestaron con la legitimidad y justeza de sus reclamos.

Urge una profunda reforma de la justicia, pero partiendo de un pacto que destierre la política de las Altas Cortes, empezando por la descontaminada elección de jueces, tanto en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como en la Junta Central Electoral (JCE), así como en todas las instancias judiciales, incluyendo la SCJ, cuando sus miembros expiren sus mandatos.

Por eso, el PRM tendrá dos miembros dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, con el alto compromiso de representar a su vez, las voces de la sociedad y sus ideales, la pluralidad que la justicia requiere para propiciar decisiones sobrias, transparentes y balanceadas, todos elementos que, bajo los gobiernos del PLD, han brillado por su ausencia.

En los próximos meses se avecina una cumbre que intentará “lavarle la cara” al sistema judicial, que ya ha sometido a algunos jueces y ha suspendido a otros. Detrás de acciones que pretenden maquillar y quitarle presión al ambiente, se esconde el verdadero causante del cáncer que afecta a la justicia: la imposición del partido de poder, su negativa a vivir en una auténtica institucionalidad y su estrecha y larga alianza con la impunidad. Esto es inaceptable.