Sé que no ha sido posible evaluar los daños provocados por las lluvias y los vientos que han azotado el país. El desolador panorama en muchas provincias es una oportunidad para probar las fuerzas y medir la autoridad nacional ante eventos que vienen estresando a los productores agropecuarios y a todos los pobladores de estas localidades.
Las alertas verdes, rojas y amarillas no cesan y hasta 22 provincias han estado bajo avisos de inundaciones por mal tiempo.
También el litoral atlántico con oleaje que supera varios metros ha dificultado la vida y las actividades comerciales y empresariales; es decir, estas condiciones meteorológicas, además de tener que superar la ancha brecha que nos ocasionan las guerras y las tensiones geopolíticas, la asistencia es crucial. Todo esto ha ido agobiando al pueblo, principalmente a los que residen en lugares vulnerables.
Gente que sus activos son menos sólidos y están menos provisionados. Indiscutiblemente que la recuperación será costosa, y el agro no está tan solvente para resistir y volver a los niveles de producción a corto tiempo. Así que la pieza fuerte de todo esto es la recuperación a la mayor brevedad, restaurar la confianza, facilitar el crédito, desescombro, y la infraestructura parcelaria. El sector es una pieza frágil de por sí y, lo peor, no es fiable para que pueda prometer seguridad total y abastecimiento rápido de los mercados.
Sólo con apoyo contundente a través de una cartera especial de crédito lo más blanda posible, con menos eslóganes y más gobierno; más acción del ya maltrecho Ministerio de Obras Públicas, donde está por verse con qué decisión y rapidez se adoptan las medidas más prioritarias.
Por ello, una vuelta a la normalidad requiere brindarle a los afectados con una situación social tan precaria (mala asistencia sanitaria, agua potable, educación, infraestructura, etc.), todo un esfuerzo que encaje en una política de promoción productiva, humana y social. Eso sí, llevemos la realidad al terreno.
